Vox pide un 155 «duradero» en Cataluña y el PP reivindica el «bilingüismo cordial»



Santiago Abascal, líder de Vox, ha solicitado aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña de forma «duradera» y «sostenido en el tiempo», ya que, a juicio del dirigente, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió la autonomía de la región, en 2017, lo hizo «en falso» y de forma «insuficiente».

Así se ha pronunciado Abascal en declaraciones a la prensa al inicio de la manifestación que se celebrará en Barcelona a favor del uso del español como lengua vehicular en la Administración, después de que el Govern presidido por Pere Aragonès haya tratado de esquivar el cumplimiento del 25% de clases en castellano al que obliga la Justicia.

Por su parte, Cuca Gamarra, portavoz del PP, ha acusado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de «complicidad» con la Generalitat. Y ha defendido un «bilingüismo cordial», ya que «las lenguas nos unen y son respeto». «Defendemos el derecho a que el español sea lengua vehicular en Cataluña, como lo es el catalán. Y denunciamos cómo la Generalitat pisotea los derechos lingüísticos de los catalanes». A su juicio, el Gobierno de Sánchez es «cómplice» porque «lo permite y no lo evita».

[El TSJ catalán cree que el Govern «bloquea» el 25% de español y pide opinión al Constitucional]

El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha acudido a la Ciudad Condal, ya que cerrará la XXV Interparlamentaria que los conservadores celebran el Toledo.

Quien sí ha asistido a la concentración ha sido la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha criticado este domingo la «imposición antigua, ridícula y sectaria» del catalán en la región, que, a su juicio, carece de sentido común. Y ha tachado de «vergüenza» el «incumplimiento de las sentencias» por parte de la Generalitat.

«Bloqueo» al 25%

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el decreto y las dos leyes con las que el Govern de Aragonés trata de «bloquear» el 25% de castellano obligatorio en las aulas, avalado por la Justicia.

Los jueces del TSJC dudan de la legalidad de estas nuevas normas, que constituyeron la treta utilizada por el Ejecutivo presidido por Pere Aragonès para eludir el porcentaje de español mínimo marcado por el TSJC y consagrado luego por Supremo.

Para boicotear la ejecución de la resolución, la Generalitat esgrimió que, con este nuevo marco normativo, dicha sentencia es ya «inejecutable», es decir, no puede ser cumplida.

Los jueces del TSJ consideran que «la voluntad» del Gobierno catalán y del Parlamento regional fue, de forma «inequívoca», la de «bloquear la aplicación de la sentencia» que consagra el 25% de español en las aulas. 

«Y, con ella, la garantía del uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables», concluye el tribunal, que sospecha que esta actuación pueda constituir un «fraude de ley».

«En otras palabras, a juicio de este tribunal, el modelo que introducen ambas leyes no permite reconstruir la posición del castellano en paralelo a la del catalán sin incurrir en fraude de ley», concluyeron los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

«Ambas normas legales responden a un modelo lingüístico diferente al que aplicó la sentencia. Un modelo en el que una lengua se configura como preferente frente a la otra, como la única de uso vehicular normal, lo que desborda el objetivo de normalización social del catalán, que es lo que el modelo constitucional admite en el marco de una paridad lingüística que ambas [nuevas] normas legales niegan», añaden.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional, con el apoyo de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la asociación Hablamos Español, convocante de la marcha de este sábado.

Los magistrados subrayaron en su escrito que, tras dictarse la sentencia que ahora debería ejecutarse, «se han registrado diversas modificaciones significativas del marco legal aplicable al uso vehicular de las lenguas en la enseñanza».

Nuevas leyes

El pasado junio, el Parlament catalán promulgó las leyes 6/22 y 8/22 que reiteran que el catalán es la única lengua vehicular en el ámbito educativo y arrinconan al castellano, como idioma curricular, a «los términos que establezcan los distintos proyectos lingüísticos» que redacten los centros educativos. En todo caso, ambos textos rechazan el uso cualquier porcentaje.

Los jueces del TSJ  consideraron que las dos normas podrían chocar, entre otros, con el artículo número 3 de la Constitución Española —»El castellano es la lengua española oficial del Estado»—, con el derecho fundamental a la educación y con lo dispuesto en el art. 35 del Estatuto de Autonomía de la comunidad, que reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir la enseñanza en catalán.

Pero este artículo, según recuerdan los magistrados, «debe ser interpretado en el sentido que la falta de referencia explícita al uso vehicular de la lengua castellana no supone negar su uso normal, en paridad con el uso normal del catalán».

Para cuantificarlo, la resolución del TSJC —avalada después por el Tribunal Supremo— estableció dicho 25% de horas lectivas como porcentaje mínimo por debajo del cual «no se puede entender que el uso vehicular de una lengua sea normal».

En aquella sentencia, dictada en diciembre de 2020 y aún en fase de ejecución, el tribunal catalán declaró la «obligación» de la Generalitat de adoptar las medidas necesarias para «garantizar» que «todos» los alumnos reciban «de manera efectiva e inmediata» la enseñanza, mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas cooficiales, en los porcentajes que el Govern determinase, pero siempre superiores a ese 25%.

Asimismo, la última modificación de la Ley de Educación obliga a las Administraciones a que los alumnos alcancen, al finalizar la ESO, «el dominio pleno y equivalente de la lengua castellana y la lengua cooficial».



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