Un juzgado investiga a cargos del Institut Catal de la Salut por la cesin irregular de una guardera en el hospital Vall d’Hebron


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La denuncia de una trabajadora indica que al centro slo podan acceder menores de familias vinculadas a UGT

Imagen del hospital
Imagen del hospital

El Juzgado de Instruccin nmero 9 de Barcelona investiga a 12 personas, entre ellas cargos del Institut Catal de la Salut (ICS), del Ayuntamiento de Barcelona y del hospital Vall de Hebrn por los delitos de prevaricacin y malversacin de caudales pblicos al permitir la instalacin de una guardera dentro del centro sanitario durante nueve aos. Segn consta en la denuncia de una enfermera y ex miembro del sindicato UGT Carmen M., en 2013 se firm un convenio entre el director general del ICS y una asociacin que pretenda instalar una guardera para empleados del hospital, aunque empez a funcionar sin licencia.

La denunciante, representada por los letrados Miguel Durn y Miguel ngel Durn, de Durn y Durn abogados, empez a detectar irregularidades en esta guardera como que slo podan acceder menores de familias vinculadas a UGT o que su mantenimiento y suministros se sufragaban con dinero pblico del propio hospital cuando la entidad que la gestionaba cobraba un precio por dejar a los nios.

Estas denuncias hicieron que la cpula de UGT «me destituyera por falta de confianza» e iniciara una «campaa de desprestigio y acoso inventndose que tena problemas de salud mental hasta que abandon el sindicato por la interminable persecucin del sus responsables y de altos cargos del Vall d’Hebron que impidieron mi desarrollo profesional como enfermera», seala Carmen.

En 2017 la denunciante alert de que la guardera funcionaba sin licencia municipal por lo que se inici el expediente que no concluy con el permiso correspondiente, segn los letrados, y por eso se ha citado como investigados a funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona que lo tramitaron. Hace unas semanas el Consistorio cerr el centro por falta de licencia cuando haca dos meses que se conocan las imputaciones judiciales. Los investigados declararn a finales de octubre.

La denunciante con sus abogados
La denunciante con sus abogados

Estas declaraciones se producirn casi cuatro aos despus de que el Juzgado de Instruccin nmero 9 de Barcelona iniciase la investigacin que fue en primer momento encomendada a la Polica Nacional y despus, por decisin de la magistrada, a la Guardia Civil. Los agentes emitieron un informe en julio que fue determinante para la citacin de los investigados, ya que consideraron que presuntamente podan existir indicios de delito no slo en la cesin de unas instalaciones pblicas para una actividad privada, sino tambin una posible malversacin en el pago de mantenimiento y suministros de la guardera.

Segn los abogados entre los acusados estn varios directores generales del ICS y gerentes del hospital Vall d’Hebron que han ocupado el cargo desde 2013, ya que no hicieron presuntamente un seguimiento del convenio para la cesin del espacio, as como funcionarios municipales que examinaron pero no respondieron a la peticin de licencia y las personas vinculadas a la guardera. Estn imputados por los delitos de malversacin de caudales pblicos y prevaricacin.

Posible trfico de influencias

El letrado Miguel Durn seal que la investigacin judicial debe determinar si exista un presunto trfico de influencias que permiti que la asociacin pudo montar la guardera por su supuesta «vinculacin con UGT», ya que representantes del sindicato quisieron silenciar a la denunciante cuando alert de la posible corrupcin. En este sentido seal que hay personas «que se han enriquecido» con este centro para menores aunque tambin hay responsables de administraciones pblicas que permitieron el funcionamiento de esta actividad en instalaciones del hospital «como si fuera una finca particular, incumpliendo requisitos legales y sin ningn tipo de control.

«Todos los empleados pblicos saban de la situacin de ilegalidad absoluta guardera pero todos miran hacia otro lado», dijo el abogado y aadi que la investigacin judicial debe determinar si la persona que presuntamente «se ha beneficiado» con la actividad, que tambin est imputada, «pertenece a UGT y adems pudiera desarrollar esta actividad vinculando la admisin de un menor a que su familia estuvieran en el sindicato», cuando era para empleados del hospital. «Carmen lo denunci y eso le cost el acoso del sindicato y su expulsin», indic el abogado.

Proteger al denunciante

La investigacin se centra en la presunta «cesin ilegal» de espacios en instalaciones pblicas para realizar «una actividad sin licencia de ningn tipo, sin seguir los requisitos legales que la normativa establece», segn el letrado Miguel ngel Duran y seal que hasta el cierre de la guardera sus suministros, como electricidad o agua, junto con mantenimiento se pagaban con dinero pblico. Tambin indica que el convenio firmado en 2013 ni se prorrog ni se hizo un seguimiento por parte del ICS y que en 2017 el Ayuntamiento de Barcelona abri expediente para comprobar la licencia de la guardera y lo concluyeron «sin pedirla, sin cerrar el establecimiento y sin imposicin de sancin».

El despacho de abogados seala que su denuncia inicial presentada en el juzgado abarcaba otras presuntas irregularidades como «la adjudicacin irregular de plazas en el Consorci Sanitari Integral o liberalizaciones sindicales fraudulentas con perjuicio econmico para la hacienda pblica», entre otras. Adems, consideran que este procedimiento judicial pone de manifiesto «la necesidad de que el Estado agilice al mximo sus trmites para que finalmente se apruebe el Anteproyecto de Ley reguladora de la proteccin de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupcin», como ya advirti el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. «Si no se protege eficazmente a esos ciudadanos que se atreven a denunciar la comisin de los delitos de los que tenga conocimiento, muchos de ellos no se atrevern a dar el paso», remarc Miguel Durn.

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