Sanciones a Rusia: Bruselas impulsa la ‘cláusula Schröder’ para evitar que políticos europeos trabajen en puestos claves del imperio de Putin | Internacional



Bruselas estrecha el círculo en torno a la economía rusa. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles un nuevo paquete de sanciones contra el régimen de Vladímir Putin por la invasión de Ucrania. El objetivo es sentar las bases para imponer un tope al precio de petróleo —del que llega por tubo; el que viaja por mar dejará de hacerlo en diciembre debido a otra ronda de sanciones— y sumar nombres a la lista negra de personas que tienen prohibida su entrada a territorio comunitario y sus bienes, congelados.

Cuando la UE está estrechando el círculo sobre los colaboradores del Kremlin en Rusia, Bruselas plantea ahora una cláusula que prohíba a los ciudadanos de la Unión formar parte de los consejos de administración de las empresas estatales rusas, tal y como había reclamado Alemania en los últimos días, en las reuniones de preparación del nuevo paquete. El nuevo ingrediente de las restricciones a Rusia está diseñado a la medida de personas como Gerhard Schröder, excanciller alemán y lobista de Putin en la UE.

En plena escalada del Kremlin, que se apresta a anexionarse de forma ilegal cuatro regiones ucranias y está movilizando decenas de miles de hombres para enviarlos a frente, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha planteado restringir aún más los productos que Rusia exporta a la UE y los que los Veintisiete pueden vender a Moscú —tecnología clave, componentes electrónicos, material aéreo— para estrangular su economía de guerra y evitar que siga alimentando a su industria de la defensa y la modernice. Bruselas calcula que con esta medida el Kremlin dejará de ingresar unos 7.000 millones de euros, según ha asegurado la presidenta de la Comisión, que se sumarían a los 82.900 millones de euros (51% de las importaciones totales en 2021) que comprenden paquetes de castigo anteriores.

En el nuevo paquete de sanciones, la Comisión busca también imponer un tope al precio del petróleo, como adelantó EL PAÍS. Aunque, de momento, la medida tiene un aspecto difuso: Bruselas plantea “poner las bases legales” para hacerlo, ha dicho Von der Leyen en una comparecencia junto al alto representante en Política Exterior de la UE, Josep Borrell. Esta medida está en línea con lo acordado por el G-7 hace unas semanas y se sumaría al veto al petróleo ruso que llega por barco, que entra en vigor en diciembre.

Con la crisis energética disparada, no será fácil sacar adelante el nuevo paquete de sanciones. Países como Grecia y Chipre —naciones navieras que ya pusieron pegas al apartado del crudo en las anteriores oleadas— ya están planteando algunas reticencias que se suman a las tradicionales de Hungría. Su primer ministro, Viktor Orbán, asegura sin dar datos que estos castigos son “contraproducentes” y dañan a la UE. El líder húngaro ha lanzado además una consulta nacional sobre estas medidas restrictivas en la que busca apoyarse para afianzar su oposición en Bruselas.

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La propuesta de la Comisión debe ser ahora discutida en las 27 capitales de la UE. El anterior paquete de sanciones tardó unas cuatro semanas en aprobarse. Aunque el contexto actual, tras las amenazas nucleares de Putin contra Occidente y con la perspectiva de un recrudecimiento de la guerra en Ucrania y con un posible sabotaje ruso de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 sobre la mesa, podría ser un impulso.

Mientras, el Kremlin se dispone a absorber las regiones ucranias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiya con el escudo de votaciones ilegales que pueden servir a Putin para justificar de puertas adentro sus amenazas nucleares. La UE y la OTAN ya han advertido del riesgo nuclear derivado de estos pseudorreferendos. “No aceptaremos referendos falsos ni ningún tipo de anexión en Ucrania”, ha dicho Borrell. “Estamos decididos a hacer que el Kremlin pague esta nueva escalada”, ha recalcado Von der Leyen. Bruselas, ha explicado Borrell, ha propuesto incluir en la lista negra a las autoridades títeres de las regiones ocupadas y a todo aquel involucrado en la anexión ilegal, además de a más personas del Ministerio de Defensa ruso y la industria de defensa del Kremlin.

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