Pilar Llop niega 5 letrados de apoyo a un Supremo bloqueado y aboca al colapso a la Sala Civil


El Ministerio de Justicia ha rechazado la petición del Tribunal Supremo de adscribir a cinco letrados más a la Sala Civil ante la «avalancha» de recursos a los que tiene que hacer frente «y que no es posible asumir si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo y apoyo proporcionadas a la gravedad de la situación«, expone un informe de la Sala Primera asumido por la Sala de Gobierno.

Pese a la desoladora situación que describe la Sala Civil y a su apelación a la «urgencia de acometer medidas que eviten el colapso«, el Ministerio de Pilar Llop esgrime «razones de índole presupuestaria» para no acceder a la adscripción temporal de cinco letrados más, una medida que califica de «precipitada» porque considera que aún no se han visto los resultados del último refuerzo aprobado: cuatro letrados que llegaron en septiembre y acaban de ser prorrogados hasta el próximo diciembre.

En la Sala no necesitan esperar más para sostener que la llegada de refuerzos es «indispensable». En el informe que su presidente, Francisco Marín, presentó a la Sala de Gobierno se explica que la Sala Primera comenzó 2020 con 12.659 asuntos pendientes y la proyección a 31 de diciembre de 2021 era que la pendencia aumentara un 54,7%, hasta llegar a los 19.591 asuntos.

Ello se ha traducido en un aumento significativo de los tiempos de respuesta. Si hasta 2020 se tardaba 24 meses en decidir sobre la mera admisión del recurso, ahora son ya 28 meses. El pasado octubre había 753 recursos admitidos, tramitados y pendientes de señalamiento para deliberación y fallo, cuando sólo un año antes eran 312 los recursos que estaban en ese estado, es decir, un 141% menos.

Situación de la Sala Civil del Tribunal Supremo./


Situación de la Sala Civil del Tribunal Supremo./

TS

Para hacer frente a esa situación la Sala cuenta con una plantilla de 10 magistrados (incluido su presidente), pero ni siquiera está completa. Hay una vacante que no ha podido ser cubierta debido a la reforma legal promovida por PSOE y Podemos que impide al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos discrecionales mientras esté en prórroga de mandato. Una modificación destinada, en teoría, a presionar al PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces pero cuyo resultado práctico está castigando al Tribunal Supremo, que funciona con 11 magistrados menos, equivalentes al 14% de su plantilla.

La Sala Civil cuenta un gabinete técnico con dos coordinadores y 20 letrados, a los que el pasado septiembre se sumaron otros cuatro. La petición al Ministerio de Justicia (el Gobierno sigue teniendo la llave del presupuesto destinado al Poder Judicial, del que depende para funcionar) consistía en la adscripción de cinco letrados más para ayudar en la preparación de proyectos de sentencias sobre las que haya doctrina jurisprudencial reiterada. 

Se trataría de cinco magistrados procedentes de las Audiencias Provinciales con experiencia en la jurisdicción civil y que se incorporarían al gabinete técnico en comisión de servicios con relevación de funciones en sus destinos. Su retribución sería igual a la de los letrados coordinadores.

«Parece precipitado»

La respuesta del Ministerio ha sido que «no procede la autorización económica previa» para articular esa medida. Además de considerar que «parece precipitado» un nuevo refuerzo cuando en septiembre llegaron cuatro letrados que permanecerán hasta final de este año, Justicia esgrime el impacto presupuestario de tener que pagar, con retribución de coordinador, a los cinco letrados reclamados más a quienes les sustituyeran en sus plazas de origen.

Fuentes del Ministerio aseguran que no se trata de un ‘no’ definitivo, sino más bien ‘por ahora’ «Vamos a ver qué dan de sí los 12 letrados que hemos prorrogado el pasado diciembre [para cuatro Salas], con un presupuesto de 700.000 euros», señalan. 

Pero en el Consejo General del Poder Judicial la respuesta del Ministerio ha causado malestar porque consideran que se trata de un «maltrato institucional inmerecido» que se une a otras actitudes.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que conocieron que no se iba a autorizar el apoyo de letrados para la Sala Civil en una reunión bilateral en la que el nuevo secretario de Estado, el exsenador socialista Tontxu Rodríguez, comunicó que ese tipo de encuentros con los representantes del CGPJ se producirá una vez cada tres meses en vez de mensualmente, como ocurría con el anterior equipo ministerial. También anunció que muchas de las peticiones de refuerzo que plantea el Consejo no van a ser atendidas por razones presupuestarias.

Las mismas fuentes resaltan que es la primera vez que el Ministerio de Justicia deniega en su integridad una medida de refuerzo para el más alto órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo, afectado paralelamente por la imposibilidad de cubrir sus vacantes.

En la Sala Civil creen que no se ha entendido su petición porque no se trata de que haya cinco coordinadores más, sino cinco letrados con retribución de coordinador para hacer los trabajos preparativos de las sentencias, motivo por el que se necesita que tengan experiencia jurisdiccional. El nivel retributivo de un coordinador es necesario, explican, porque los magistrados de las Audiencias Provinciales perderían dinero si se incorporaran al gabinete técnico con el salario correspondiente a un letrado «y en esas condiciones nadie quiere venir», afirman.

Contrastes

Existen otros tribunales con letrados que ayudan a preparar las sentencias. El Tribunal Constitucional, con 12 magistrados, dispone en la actualidad de 57 letrados. En 2020 ingresó 6.570 asuntos (sólo la Sala Civil del Tribunal Supremo recibió ese año 7.680 recursos). El TC dictó en 2020 un total de 174 sentencias; la Sala Civil, 703.

En los últimos años se ha producido un notable incremento de la litigiosidad en el ámbito de los contratos celebrados entre bancos y consumidores. Los recursos referidos a esta materia representan ya el 51% de los admitidos por la Sala Primera.

Al mismo tiempo, han comenzado a llegar recursos en materia de defensa de la competencia y de contratación bursátil y bancaria.

«Si no se adoptan estas medidas», afirmaba el informe del presidente de la Sala en referencia al refuerzo de letrados solicitado, «el perjuicio para la administración de Justicia será doble: no solo se elevarán los tiempos de respuesta de resolución de los recursos, en términos que serán ya inasumibles, sino que la dedicación de la Sala quedará absorbida por la resolución de recursos repetitivos que, más allá de la resolución del caso concreto, nada aportan a la formación de jurisprudencia».

«Será imposible, en tales circunstancias, que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desempeñe su función esencial de tribunal de casación en el resto de materias, con la negativa repercusión que ello produce en la litigiosidad civil que, a falta de criterios unificadores, seguirá su línea ascendente tanto en primera como en segunda instancia», añadía.

Fuentes del Ministerio recuerdan que el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, en tramitación parlamentaria, permitirá agilizar la fase de admisión en la Sala Civil para que pueda seleccionar los asuntos por interés casacional y descartar los demás sin necesidad de destinar tanto tiempo y medios como en la actualidad. Fue la propia Sala la que propuso esa modificación, «que llevamos esperando desde 2013», apuntan.

 



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