Pablo Hasél: un año entre rejas sin perdón ni rehabilitación | Cataluña


Pablo Hasél, tras su detención para ser trasladado a prisión.
Pablo Hasél, tras su detención para ser trasladado a prisión.Javier Martín

Pablo Hasél cumple este miércoles un año en prisión sin que las perspectivas de quedar pronto en libertad sean demasiado halagüeñas. El 16 de febrero de 2021, después de ser detenido por los Mossos d’Esquadra en la Universidad de Lleida, el rapero fue trasladado a la cárcel de Ponent para cumplir una condena de nueve meses por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Hasél publicó en Twitter proclamas a favor de ETA y Grapo y divulgó una canción injuriosa contra Juan Carlos I. Su encarcelamiento provocó una oleada de graves disturbios en Barcelona y motivó peticiones de indulto que no han prosperado. Mientras las voces que le apoyan se van apagando, el activista sigue firme en su convicción de que no ha hecho nada malo y de que cumplirá la pena, esta y otras que están por llegar, en su integridad, sin pedir clemencia ni perdón.

Pablo Rivadulla Duró ha rechazado someterse a los programas de rehabilitación que ofrece la Generalitat y ha renunciado, así, a obtener cualquier clase de beneficio penitenciario. Sigue clasificado en segundo grado, el régimen ordinario (24 horas en prisión) en el que cumple condena la mayoría de reos. De haber querido, Hasél podría estar en libertad desde noviembre. Pero se negó a pagar la multa de 40.000 euros que le fue impuesta en la condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y que, dada la solidaridad que despertó su caso, podría haber reunido con relativa facilidad, asumen fuentes de su entorno.

El impago fue sustituido por una pena de prisión superior a la del delito cometido, de modo que la condena global -la que tiene que liquidar- asciende ahora a dos años y un mes. El calendario se mueve así hacia adelante. En su ficha penitenciaria consta como fecha de cumplimiento definitivo de la condena marzo de 2023. En unas semanas, en cuanto haya cumplido la mitad de la pena, su abogada, Alejandra Matamoros, pedirá al juez de vigilancia penitenciaria que suspenda de forma extraordinaria la condena. Pero no tiene demasiadas esperanzas de que la petición prospere (“nos van a decir que no, porque uno de los requisitos es que esté en tercer grado”), como tampoco tiene visos de prosperar la petición de indulto.

La Academia Catalana de la Música solicitó para Hasél la medida de gracia al Gobierno, pero tanto la Fiscalía como la Audiencia Nacional -el tribunal que le condenó– la han rechazado por “reincidente”. Tampoco los informes de los técnicos de Ponent son demasiado favorables. Aunque explican que no ha habido conflictos con el interno -no se le ha abierto ningún expediente por mal comportamiento-, los informes señalan que no se ha sometido a tratamiento ni ha mostrado su voluntad de resarcir el daño causado o pedir perdón, según fuentes penitenciarias. Con esos mimbres, las opciones de salir son más bien nulas.

Hasél, aseguran fuentes de su entorno, está animado y con fuerzas, más convencido de nunca de su verdad. Su familia ha asumido que no le verá en libertad en un tiempo. Porque el calendario del rapero no acaba en 2023. Las consecuencias de otras causas judiciales están por llegar. El pasado diciembre, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia de dos años y medio de cárcel por obstrucción a la justicia y amenazas. Hasél difundió en redes sociales la imagen de un testigo que había declarado en un juicio por las presuntas lesiones causadas por un policía local de Lleida a un menor amigo del cantante. Según la versión que dio ese testigo, el rapero se le acercó en la calle y le amenazó: “Tú testificaste en contra de mi compañero”. Esta condena en breve se ejecutará y hará que su estancia en prisión sea aún más prolongada.

La hoja histórico-penal de Hasél es de largo alcance y apunta tanto al pasado como al futuro. En 2014, la Audiencia Nacional dictó una primera condena contra él por enaltecimiento del terrorismo. El activista, que entonces tenía 25 años, había subido a Youtube una decena de canciones en las que ensalzaba y alababa los atentados de grupos terroristas -ETA, Grapo, la Facción del Ejército Rojo (RAF) o Terra Lliure- y les pedía que volviesen a atentar. El Tribunal Supremo confirmó la pena al año siguiente. Pero la Audiencia Nacional la dejó en suspenso durante tres años: si en ese tiempo volvía a delinquir, debería ingresar automáticamente en la cárcel. Esa es la razón por la que, con una condena de solo nueve meses -la de los tuits y la canción contra el rey emérito-, haya tenido que ingresar en Ponent.

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Hasél también ha sido condenado por agredir a una periodista de TV3 en una rueda de prensa durante la ocupación del rectorado de la Universidad de Lleida, en junio de 2016. La sentencia, a seis meses de prisión por un delito de lesiones, se dictó en junio de 2020 pero aún no es firme y está pendiente de recurso. El rapero, además, deberá afrontar próximamente un juicio por desórdenes públicos en una manifestación, en 2018, contra la detención del expresidente Carles Puigdemont en Alemania. La fiscalía pide seis años de cárcel para él y penas, también de prisión, para otras diez personas que presuntamente participaron en esos hechos.

Nueve noches de disturbios

El encarcelamiento del rapero hace un año dejó nueve noches consecutivas de disturbios en Barcelona y protestas inusualmente violentas en otras poblaciones catalanas. Como en Vic, donde un grupo destrozó la fachada de cristal de la comisaría de los Mossos d’Esquadra. La escalada provocó crisis en varios frentes: los Mossos denunciaron la tibieza del Govern -entonces en funciones- a la hora de denunciar la violencia de los altercados. Los incidentes ocurrieron tras las elecciones autonómicas, lo que enturbió el diálogo para formar un ejecutivo independentista, informa Clara Blanchar. La situación fue de tal magnitud que los empresarios celebraron un acto exigiendo el fin de la violencia y denunciando la afectación de los disturbios a la economía.

Durante la primera noche de disturbios en Barcelona, una mujer perdió un ojo y las entidades de derechos humanos lo atribuyeron a un proyectil de foam (viscoelástico) de los que disparan los Mossos. La CUP pidió la dimisión del consejero de Interior. En la capital, las protestas consecutivas comenzaron el martes 16 y acabaron 27 de febrero. Durante esas noches hubo saqueos en comercios del centro (paseo de Gràcia, Via Augusta, plaza de Catalunya) y, en una ocasión, un grupo lanzó material incendiario contra una furgoneta de la Guardia Urbana. También hubo daños en espacios inéditos, como el Palau de la Música, o un hotel de la Rambla de Cataluña.

Solo en Barcelona, y solo en mobiliario urbano los daños tuvieron un coste de más de un millón de euros: 300 contenedores quemados (441.000 euros), servicios de limpieza y retirada de restos (260.000), pavimento (307.000 euros en reponer 4.600 metros cuadrados) y alumbrado, semáforos, señalización, fuentes o árboles (92.000 euros). Respecto a los comercios, solo en el paseo de Gràcia los comerciantes cifraron en un millón el coste de los escaparates rotos y exigieron actuaciones para impedir que la ciudad se convirtiera en capital “de la guerrilla urbana”.

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