Pablo Cazado, Isabel Malherida



Tanto venía insistiendo yo, pública y privadamente, en que urgía que Isabel Díaz Ayuso se convirtiera en presidenta del PP de Madrid y se incorporara al núcleo duro del equipo de Casado, que un alto dirigente del partido se reunió conmigo el 10 de diciembre para confesarme que la cúpula de Génova se hallaba inmersa en «un grave dilema moral».

Me explicó que tenían conocimiento de que el hermano de Ayuso había cobrado una comisión de «en torno a 300.000 euros» de un proveedor sanitario de la comunidad de Madrid y que creían que el Gobierno lo sabía.

-Imagínate el daño que causaría al partido si esto aflorara cuando ella ya fuera presidenta del PP de Madrid y estuviéramos en vísperas de las municipales y autonómicas.

-No veo mucha diferencia porque en todo caso seguiría siendo presidenta de la Comunidad.

-No sería lo mismo porque el daño se circunscribiría a Madrid. Pero si nosotros le hubiéramos ayudado a erigirse con el liderazgo regional, sabiendo lo que sabemos, el escándalo podría acabar con el PP a nivel nacional.

Le pregunté por qué no denunciaban lo sucedido a la Fiscalía y me contestó que no tenían pruebas que acreditaran indicios de delito y añadió que eso sólo se demostraría a través de la declaración de la renta del hermano. Le pregunté por la empresa adjudicataria y me prometió que me lo diría, pero no lo hizo.

Más que una confidencia me dio la impresión de que aquello era una instigación a que lo investigáramos. Se lo conté a mis principales colaboradores y nos pusimos manos a la obra. Dos meses después seguíamos sin haber identificado el contrato ni conseguido las pruebas. Otro tanto les ocurría a varios de nuestros competidores, también sobre la pista, aunque no sé si a partir de la misma alerta.

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Así las cosas, el miércoles por la tarde se produjo la voladura controlada del ya insoslayable «caso Ayuso», mediante la dinamita de otro escándalo el presunto espionaje que levantó una súbita polvareda.

En medio de esa niebla artificial fue la propia presidenta de Madrid la que el jueves aportó el contrato bajo sospecha, como si fuera una simple parte del atrezo de una ofensiva dramática de Casado contra ella; y la que el viernes rebajó a 55.000€ la cantidad pagada a su hermano, con cargo a la Comunidad, por una empresa de nombre entre escandinavo y eslovaco Previet Sportiv cuyo propietario, Daniel Alcázar, resultó ser un amigo personal de la familia.

Al mismo tiempo, la propia Ayuso revelaba por escrito que su hermano había cobrado otras tres facturas más de esa misma empresa como consecuencia de una relación «privada». Poco antes, Pablo Casado, en su entrevista con Carlos Herrera, había mencionado la cifra de 286.000€ y se había referido a la «transferencia» recibida por Tomás Ayuso, lo cual explica la discordancia de las cifras y encauza la probable investigación penal.

Todo indica que el PP habría recibido un documento bancario acreditativo del pago de la cantidad global lo de la Moncloa como origen no sería sino una pantalla manejada a conveniencia por ambos bandos y que corresponderá a la Fiscalía o al juez aclarar cuales fueron los servicios por los que Tomás Ayuso facturó a esa empresa que en 2020 obtuvo más de un tercio de sus ventas gracias a ese contrato para traer mascarillas de China.

No puedo dejar de reconocer el virtuosismo de Miguel Ángel Rodríguez en la ejecución de esta huida hacia adelante

No puedo dejar de reconocer el virtuosismo de Miguel Ángel Rodríguez en la ejecución de esta huida hacia adelante, poniendo una aparatosa venda antes de que llegara a manar sangre de la herida, consiguiendo que la mayoría de los medios conservadores amortizara poco menos que a beneficio de inventario la comisión o comoquiera que eufemísticamente se le llame cobrada por el hermano de la presidenta y desencadenando una blitzkrieg, con mariachis y corona funeraria, contra los habitantes de la casa deshabitada que vagan cual fantasmas por los pasillos de Génova.

He vivido las suficientes crisis como para insistir en este homenaje al sentido de los tiempos y el talento en el aprovechamiento de una ventana de oportunidad para convertir a la potencial acusada en fiscal. Con perdón de Iván Redondo et alii, esto es un spin doctor y lo demás son tonterías. Si la valiente y brillante presidenta de Madrid logra sobrevivir a sus errores, cuando menos in vigilando, se lo deberá a su inteligente consejero.

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También debo advertir que por mucho que adquiriera un claro papel instrumental de carácter pirotécnico, el asunto del espionaje no es una cuestión baladí. De hecho, cuando el detective sugirió que se le había planteado que tratara de acceder a la declaración de la renta del hermano de Ayuso, no pude dejar de recordar que esa era la vía señalada por mi interlocutor del 10 de diciembre.

Sería gravísimo que alguien de la dirección del PP hubiera estimulado las gestiones que, al menos con carácter prospectivo, se hicieron ante ese detective. De todo lo que dijo Casado en su entrevista del viernes lo menos convincente fue la explicación de la dimisión a medias del coordinador de la alcaldía Carlos Carromero al que, en calidad de saltimbanqui para todo, se le atribuyen estrechos lazos con el aparato de Génova.

En cambio, resultó muy sugerente su referencia a que el detective pudo ser un «señuelo» para generar un «casus belli» como el que la OTAN dice que Putin quiere provocar en Ucrania, mediante una de esas típicas operaciones de «bandera falsa».

No basta la investigación del Ayuntamiento. Si Génova quiere mantener alguna autoridad moral y apariencia de imparcialidad en la instrucción del expediente abierto a Ayuso debe también llegar hasta el final en este rocambole del espionaje.

Si alguien ha caído en la tentación de buscar el atajo de los medios ilegales debe ser apartado fulminantemente de todas sus responsabilidades

Si alguien ha caído en la tentación de buscar el atajo de los medios ilegales, por muy lícito y hasta loable que fuera su fin, debe ser apartado fulminantemente de todas sus responsabilidades. Si por el contrario aparecieran lazos significativos entre el investigador privado y el bando que tan astutamente ha movido sus piezas, la cortina de humo se disiparía con mayor rapidez.

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En todo caso no estamos sino ante un aspecto lateral del drama político que ha dejado al PP abierto en canal. Viendo las cosas ya con un poco de perspectiva resulta inaudita la falta de resolución de Casado y García Egea desde que en septiembre piden explicaciones a Ayuso hasta que en febrero ¡seis meses después! el león al que perseguían se ha abalanzado sobre ellos por la espalda, haciéndoles trizas y condenándoles al desairado papel del cazador cazado.

Que haya sido Miguel Ángel Rodríguez quien haya podido elegir el teatro de operaciones y sobre todo el tiempo y forma de desencadenarlas revela una ingenuidad rayana en el amateurismo. No es casualidad que todo se haya precipitado justo en el momento en que, tras el fiasco en Castilla y León, lo que aparecía como un pulso de ambiciones personales se había convertido por primera vez en una discrepancia estratégica sustancial porque Casado se oponía y opone a que Vox entre en el Gobierno de Valladolid y Ayuso proponía y propone que lo haga como parte de un frentismo sin tregua ni cuartel contra la izquierda.

Era el momento idóneo para tapar un escándalo con otro y tratar de llevarse por delante a Pablo y Teodoro en el terreno abonado por la agitación vociferante de la extrema derecha mediática en la que, para pasmo de los testigos de su historia, ya participan cabeceras antaño mucho más serenas y centradas.

Viendo las cosas ya con un poco de perspectiva resulta inaudita la falta de resolución de Casado y García Egea

La indecisión y torpeza de la que han hecho gala los ‘mandamenos’ de Génova es el mejor argumento para cuestionar su liderazgo, pero dirigentes del perfil de Moreno Bonilla, Carlos Mazón o el propio Feijoó deberían preguntarse si al PP le conviene derrocar como hizo el PSOE con Sánchez a una dirección cuya integridad nadie discute, justo cuando demuestra su intransigencia con la corrupción y pretende aislar a Vox, según los cánones que la derecha democrática aplica en la UE a los extremistas eurófobos.

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Una herida tan terrible no puede de ninguna manera cerrarse en falso como pretendió Casado en la reunión fallida del viernes por la tarde. Todos hemos escuchado su emplazamiento ético diciendo que él nunca adjudicaría un contrato a un hermano y también el «todo es mentira salvo alguna cosa» con que vino a responder Ayuso. Quién les iba a decir, por cierto, a los adoradores y adoratrices de la presidenta que su línea de defensa iba a ser un remedo de la del detestado Mariano Rajoy.

Pero si a estas alturas del conflicto, con las cartas al fin sobre la mesa, resultara que Casado pretendiera ahora dar por zanjado el caso, fingiendo darse por satisfecho con el queso lleno de agujeros que presentó Ayuso seis meses después de haber sido requerida a explicarse, asumiendo por tanto haber pinchado en hueso, renunciando a toda iniciativa y volviendo a la pasividad del ensimismamiento, los órganos del partido deberían tomar cartas en el asunto, acelerando incluso la celebración de un Congreso abierto a todas las alternativas.

Puede que lo inteligente sea ganar tiempo para sobrevivir a la marabunta que se les viene encima mientras otras instancias arrojan luz sobre el escándalo. Pero su margen no va más allá de unas semanas. O Casado y García Egea impulsan que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de lo ocurrido en la Comunidad de Madrid u otros tendrán que hacerlo por ellos.

Porque si el PP quiere recuperar su prestigio y capacidad de alternativa debe quebrar la concatenación de los escándalos de corrupción Bárcenas, Gúrtel, Púnica, Lezo… con una investigación a fondo de lo sucedido en los contratos de los suministros de la Sanidad madrileña durante la pandemia.

Miguel Ángel Rodríguez ha conseguido que la escopeta le estalle en la cara a Casado, pero ni siquiera con su virtuosismo y resortes mediáticos ha podido evitar que parte de la munición haya dejado malherida a Ayuso. Porque, al margen de lo ya reconocido por la presidenta, están esos 18 contratos menores adjudicados a dedo a otra empresa para la que trabaja su hermano y que forma parte del entramado del oscuro comerciante chino Chen Shengli; están las otras denuncias de trato de favor a un tercer empresario vinculado en el pasado a otro miembro de su familia; están las sospechas entorno al sobrecoste imputado a los viajes de los aviones que trajeron los suministros… Puede que muchas de estas cosas no sean sino fuegos fatuos pero la caja de Pandora apenas se ha entreabierto.

Cuesta creer que Ayuso no supiera nada de todo esto, máxime cuando ella misma alega que su hermano llevaba mucho tiempo en el sector

Cuesta creer que Ayuso no supiera nada de todo esto, máxime cuando ella misma alega que su hermano llevaba mucho tiempo ejerciendo de «comercial» en el sector. Pero el propio beneficio de la duda a su favor genera, como digo, una responsabilidad in vigilando, una sensación de negligencia que sólo podrá diluir con medidas muy enérgicas.

A aquellos incondicionales que agitan a las masas en pro de la presidenta y especialmente a quienes hoy se han citado ante Génova para coaccionar a la dirección del partido ya veremos si no se comportan como los que cercaron las sedes el 13 de marzo de 2004 les hago una pregunta muy simple: ¿qué dirían si fuera un hermano de Carolina Darias, Salvador Illa o Pedro Sánchez el directa o indirectamente beneficiado por un contrato público de carácter opaco?

Yo recuerdo muy bien lo que el periódico que entonces dirigía dijo sobre el ‘caso Juan Guerra’ o sobre el ‘caso Palomino’ y por eso aplicamos el mismo rasero cuando llegaron los escándalos equivalentes del PP. También recuerdo la explicación de dos exaltados militantes del socialismo botejara cuando un reportero les preguntó por qué acudían a una manifestación similar a la que podría fraguarse hoy: «Es que la derecha quiere quitarle el despacho al hermano de Alfonso».

Mutatis mutandis sería intolerable, claro, que «la izquierda» o no digamos «los progres» pretendieran obligar «al hermano de Isabel» a devolver el dinero público recibido.



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