Obituario de la socialdemocracia en Suecia



El SAP, Partido Socialdemócrata de los Trabajadores de Suecia, formación de referencia de la izquierda europea a cuyo exclusivo empeño correspondió la creación del Estado del bienestar en el país, acaba de obtener su segundo peor resultado electoral en los últimos 110 años. Un fracaso estrepitoso solo superado en una centuria por el que consumó en los comicios de 2018, lo que le valdrá pasar a la oposición.

El eclipse crepuscular del mítico modelo de Suecia posee una explicación última demoledoramente simple, a saber: la clase obrera sueca vota ahora, y en masa, a la extrema derecha. El asunto no tiene mayor misterio. Por lo demás, la progresiva deserción con rumbo a sus antípodas doctrinales de la base sociológica tradicional del Partido Socialdemócrata es un proceso que comenzó ya en tiempos de Olof Palme.

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En concreto, el tránsito empezaría a manifestarse en las urnas de un modo estadísticamente significativo hacia 1982, justo después de que el Gobierno del propio Parme procediera a rendirse y capitular en toda regla frente a la ofensiva de las nueva ortodoxia liberal que por entonces estaban promoviendo los discípulos de Milton Friedman y su Escuela de Chicago en el mundo anglosajón.

Una conversión intelectual, la de los socialistas suecos a la nueva fe en las virtudes de los mercados desregulados y su corolario, la retirada del Estado a sus cuarteles de invierno, que, al igual que en tantos otros lugares, traería como primera consecuencia el muy sustancial incremento de los históricamente bajos niveles de desigualdad que hasta aquel momento había presentado el país.

Hasta el punto de que hoy, ahora mismo, Suecia posee una puntuación en el índice de Gini, el indicador que mide la disparidad entre los volúmenes de riqueza dentro de un territorio, similar al que había en esa misma nación nórdica en el año 1940.

La retirada del Estado a sus cuarteles de invierno traería como primera consecuencia el muy sustancial incremento de los históricamente bajos niveles de desigualdad

Así, el 1% de la población posee en propiedad el 42% de la riqueza, un nivel de concentración superior incluso al de Estados Unidos, y eso en una sociedad que había figurado entre las más igualitarias del planeta únicamente cuatro décadas antes.

Entre las consecuencias de la acelerada asimetría en la titularidad de los bienes y la distribución de los ingresos, la desoladora constatación oficial de que en el instante presente, 2022, la esperanza de vida de un habitante de Suecia que solo haya cursado estudios básicos resulta ser seis años inferior a la de un conciudadano suyo que posea titulación universitaria.

Se estima, en fin, que dos terceras partes de ese aumento exponencial de la desigualdad obedecen a causas vinculadas a decisiones políticas relacionadas con modificaciones en los impuestos y en las transferencias estatales, mientras que solo el otro tercio hallaría su explicación en modificaciones de la asignación de rentas motivadas por el mercado.

Y es que los socialdemócratas suecos hace apenas unas horas que han abandonado el poder, pero hacía ya casi medio siglo que habían abandonado sus señas de identidad.

Dos terceras partes de ese aumento exponencial de la desigualdad obedecen a causas vinculadas a decisiones políticas

Un viaje sin billete de vuelta con rumbo a la disciplina del pensamiento dominante, el suyo, que conllevaría la implantación de un nuevo sistema tributario, contrarreforma en extremo regresiva y caracterizada por gravar con tipos impositivos más altos a las rentas del trabajo frente a las del capital, amén de la simultánea supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones (según la versión de los propios socialdemócratas, la abolición del impuesto de sucesiones fue un regalo del Ejecutivo de izquierda a la clase empresarial como compensación por no haber podido introducir el euro en Suecia en el referéndum al respecto de 2003).

Nadie se extrañe, pues, de que los obreros, que siempre habían apoyado de forma abrumadora a los socialistas en las urnas, con niveles de adhesión al partido que nunca bajaban del 70%, redujesen el respaldo a solo la mitad de sus efectivos en apenas nueve años, los que fueron de 1982 a 1991. Y aquello solo sería el principio de una desbandada que acaso aún no se haya terminado de consumar.

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Pero el que ese éxodo con resonancias bíblicas se haya orientado hacia la extrema derecha tiene mucho que ver, además, con los estragos en los niveles de empleo y la degradación salarial de los estratos más modestos de la población autóctona por efecto directo. No sólo de las continuas oleadas migratorias que se han dirigido a Suecia a partir del último terció del siglo XX, también por la exigencia de verse obligados a acatar la legislación de la Unión Europea en materia de convenios laborales colectivos.

Con un salario mínimo nacional que de facto ronda los 2.000 euros al mes (por 12 pagas), una retribución básica que no establece el Estado por ley, sino que es pactada por sindicatos y patronales en acuerdos de ámbito nacional, la competencia creciente de multitud de trabajadores extranjeros, todos ellos dispuestos a cobrar mucho menos por realizar el mismo trabajo, ha acabado por erosionar los cimientos del contrato social sobre el que se asentaba la estabilidad del orden político sueco.

Bruselas abrió en su día la espita jurídica para convertir en papel mojado cualquier acuerdo a nivel estatal en materia de salarios mínimos

Y es que Bruselas abrió en su día la espita jurídica para convertir en papel mojado cualquier acuerdo a nivel estatal en materia de salarios mínimos. Sucedió en 2004, cuando una empresa constructora de Letonia llamada Laval logró imponerse en el concurso público para construir un colegio en Estocolmo. Todo merced a que los sueldos de sus trabajadores estaban fijados en base a lo establecido en los convenios colectivos de Letonia, que no en vigentes en Suecia, huelga decir que mucho más altos estos últimos que sus equivalentes en el país báltico.

Aquello acabó en una demanda de los sindicatos suecos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, tras estudiar el casó, dictaminó a favor de la compañía letona. La  sentencia supondría el disparo de salida para la multitudinaria carrera del dumping social que montones de empresas del Este, en especial búlgaras y rumanas, emprenderían camino de Suecia acto seguido.

Añádase a ello un 20% del censo nacional integrado ya por inmigrantes poco o nada cualificados, una parte notable refugiados procedentes de países musulmanes, todos ellos presionando los salarios más humildes a la baja, y se entenderá ese hundimiento histórico y su inquietante secuela.

*** José García Domínguez es economista.



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