Los siete pecados capitales de una ley que slo puede salvar el Tribunal Supremo


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La solucin al caos del ‘s es s’ est en manos del Alto Tribunal, que hace 4 aos ya tuvo que rectificar la sentencia de ‘La Manada’ que impuls la fallida ley actual

Irene Montero, en el Congreso, tras defender la ley aprobada el pasado septiembre.
Irene Montero, en el Congreso, tras defender la ley aprobada el pasado septiembre.EUROPA PRESS
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La indignacin que hace cuatro aos y medio gener la primera sentencia de La Manada activ una doble respuesta. La judicial acab pronto por la va de recursos con duras condenas a 15 aos de crcel por violacin; la poltica, con una reforma de los delitos sexuales que acaba de desembocar en revisiones de condenas ya firmes y la imposicin de otras ms bajas que antes de la reforma.

El 26 de abril de 2018, la Audiencia de Navarra anunci su decisin: nueve aos de prisin por abusos sexuales, no por violacin, y encima con un voto que propugnaba la absolucin. Esa tarde se iniciaban las manifestaciones del yo s te creo contra una justicia machista y patriarcal.

Origen poltico

El Gobierno del PP reaccion con todo. Al da siguiente de la sentencia, y despus de sufrir un escrache en un acto en Crdoba, el ministro de Justicia hizo dos cosas: activ la Comisin de Codificacin para que reformara el Cdigo Penal y arremeti contra el juez del voto particular. Lo primero que le dijo esa comisin al ministro popular es que el problema no era la ley, sino una interpretacin errnea del tribunal que se podra resolver en los recursos. La dura sentencia final del Supremo dara la razn a esa tesis. Pese al aviso, la reforma sigui en marcha. Lo que no sigui fue el PP, vctima de una mocin de censura.

Guerra en Moncloa

El Gobierno de Pedro Snchez sustituy a Rafael Catal por Dolores Delgado. Tras socavar el trabajo de la comisin por la ausencia de mujeres, el control de la reforma pas a manos del Ministerio de Igualdad. Lo que inicialmente iban a ser unos retoques que apagaran la indignacin de la calle pas a ser la una nueva ley que hara de bandera de Irene Montero. Las pretensiones de la ministra acabaron chocando con la vicepresidenta Carmen Calvo y con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que consideraron el texto una chapuza entre lo inane y lo peligroso. Las discrepancias y la urgencia de Montero para exhibir el anteproyecto de ley en el simblico Consejo de Ministros previo a la marcha feminista del 8 -M generaron el primer gran choque en Moncloa.

La Ley de Libertad Sexual tiene un consenso total en el Gobierno de coalicin. Es un proyecto legislativo ilusionante, que estar listo en los plazos previstos y enviar un mensaje claro de compromiso del Gobierno con la igualdad de cara al 8 de marzo, anunciaba la Secretara de Estado de Comunicacin. Una frase incompatible con otra pronunciada entonces por el vicepresidente Pablo Iglesias. En las excusas tcnicas hay mucho machista frustrado, dijo con el ministro Campo en mente.

El oscurantismo

Montero gan y la fecha se cumpli, pero el consenso total nunca existi. Un primer informe de Justicia sobre la ley inclua en sus 26 folios de objeciones con frases tan significativas como se ruega encarecidamente su estudio de nuevo de manera sosegada.

Y ya se adverta sobre consecuencias indeseadas al revisarse las penas. Se peda expresamente revisar el arco penolgico, es decir, los nuevos lmites mnimos y mximos. Tambin cuestionaba la redaccin de la clusula del slo si es s, a la que Igualdad conceda el efecto taumatrgico de impedir ms sentencias infames. Las discusiones continuaron incluso el mismo da de su anuncio ante la prensa. Los ministros que no estaban concernidos reconocieron que ni siquiera haban llegado a tener el texto, que no se divulg. Las objeciones de Justicia haban hecho alguna mella. Por ejemplo, Igualdad haba abandonado su idea de bajar de 15 a 12 y medio la pena mxima de violacin. El texto del anteproyecto que anunci -sin mostrarlo- el Gobierno volva al mximo de 15.

Informes: del consentimiento…

A los que no se poda ocultar el texto era a los organismos que deban informar. Principalmente, el CGPJ, la Fiscala y el Consejo de Estado. Los tres incluyeron objeciones o avisos, tanto sobre la definicin, crucial para el ministerio, de lo que era consentimiento como sobre las penas. Igualdad hizo caso a algunos puntos. La deficiente redaccin inicial de lo que era el consentimiento, que pareca ms un no es no que un s es s, se reformul, como pedan los tres informes clave.

Pero incluso con una redaccin atinada, el Consejo de Estado adverta de que, en la prctica, la formulacin del slo s es s apenas supondra un cambio en la actuacin de los tribunales. No, obviamente, porque no lo fueran a aplicar, sino porque los jueces ya estaban centrando sus sentencias en el consentimiento.

…A las penas

Los tres informes hacan mencin a ese punto central, cada uno a su manera. El CGPJ advirti de que se bajaban los lmites mximos en prcticamente todos los casos. La reduccin de los lmites mximos de las penas comportar la revisin de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas mximas. El aviso se refera los mximos, no a los mnimos, que son los que han acabado produciendo las revisiones conocidas hasta ahora.

El Consejo de Estado, sin embargo, elogiaba la reduccin de mximos para que no estuvieran a la altura de delitos ms graves como el asesinato. Se trata de una tesis siempre bien acogida entre la doctrina y que de hecho estaba en el origen de la reforma, pero que desde Igualdad no se ha querido defender en pblico.

En cuanto al informe de la Fiscala, dejaba constancia de las rebajas, aunque sin calificar sus consecuencias, con un asptico cuadro de las penas y algn ejemplo. Como puede observarse en el cuadro en el supuesto de una agresin sexual con penetracin con concurrencia de una circunstancia agravante segn la regulacin vigente cabra la imposicin de una pena de 12 a 15 aos de prisin mientras que con la regulacin propuesta, entre 7 y 12 aos.

Desor al resto de grupos

Igualdad cedi algo. El texto que volvi al Consejo de Ministros y sali como proyecto de ley hacia las Cortes elevaba los mximos en varios supuestos para dejarlos como estaban antes. En el ejemplo de la Fiscala, los 12 de pena mxima volvan a ser 15, si bien el mnimo segua muy por debajo del entonces vigente. Igualdad crea que ese cambio sera suficiente para evitar la indignacin social de la que se le vena avisando.

En la tramitacin parlamentaria, el PP, ERC y PDeCAT volvieron a advertir sobre la rebaja de penas, aunque de nuevo centrados en los lmites mximos. Los partidos en el gobierno no atendieron las enmiendas y el 6 de septiembre la Ley Orgnica de Garanta Integral de Libertad Sexual se publicaba en el BOE.

Culpar a los jueces

Un mes despus, el 7 de octubre, la ley entraba en vigor. Esa misma tarde, un profesor condenado por abusos sexuales a sus alumnos sala anticipadamente de prisin. El tribunal le acababa de reducir cinco aos la condena al considerar que la ley de slo s es s haba eliminado el delito principal por el que se le conden. Los casos que salieron a la luz el pasado martes incluan dos violaciones a las que se les rebajaron dos aos, un abuso de un padrastro a su hija que tambin se qued con dos aos menos.

Tras culpar a los jueces por machistas e ignorantes y un amago no continuado de volver a cambiar la ley, Igualdad y el resto del Gobierno han optado por encomendarse al Supremo. Con la esperanza de que unifique el criterio a su favor y solucione el asunto, tal y como solucion hace dos aos el de La Manada con la sentencia ms dura.

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