Ley solo sí es sí: Coordinar la coalición | Opinión



La sacudida política y social que ha generado la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí ha evidenciado una vez más desequilibrios en el Ejecutivo que siguen sin resolverse. El primer Gobierno de coalición en España de esta democracia ha ido aprendiendo a serlo en medio de enormes turbulencias mundiales, pero a estas alturas de la legislatura era exigible una mayor coordinación sobre una ley central como la llamada ley del solo sí es sí y sobre la reacción posterior cuando han empezado a verse efectos indeseados en su aplicación. A esto hay que sumar la irrelevancia del Parlamento, al que apenas llegan normas con otra forma que no sea la de real decreto —lo que no ha impedido una ingente e importante labor legislativa—. Y además está la ruptura crónica de puentes entre el Gobierno y el principal partido de la oposición por su rechazo casi preceptivo a cualquier posible pacto de Estado, pese a su evidente urgencia, en particular en el ámbito judicial.

Cuando una reforma (y nada menos que del Código Penal) provoca algunos efectos contrarios a los que se persiguen, como está sucediendo hasta el momento con la ley del solo sí es sí, es la ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora de la ley, quien debe rendir cuentas y buscar soluciones. Hasta muy poco antes de empezar a emerger los efectos indeseados, la formación morada reivindicaba la ley como suya. Pero el Ministerio de Justicia revisó la norma antes de que Igualdad la llevase al Consejo de Ministros y su opinión sobre la calidad jurídica del texto y sus consecuencias es también muy relevante en este asunto. Es comprensible e incluso deseable evitar una uniformidad marcial en el seno de un Ejecutivo y admitir un cierto grado de disonancia entre los socios; es entendible que cada parte quiera visibilizar sus logros, pero las leyes afectan a toda la ciudadanía y cuando tocan el Código Penal requieren no solo de una elaboración transversal sino de una coordinación impecable ante las consecuencias de su entrada en vigor. A la vista de la gestión de la crisis desencadenada desde que empezaron a trascender las rebajas de penas, cabe preguntarse si todos los miembros del Ejecutivo estuvieron involucrados en un proyecto legislativo de esta trascendencia. Y cabe exigir ese compromiso conjunto para impedir la repetición de la misma disfunción con leyes en marcha muy sensibles, como la ley mordaza, encallada desde hace más de un año, la ley trans o la ley de vivienda. Todas merecen un debate público que afine sus detalles y el primer beneficiario de ese debate sería el conjunto del Gobierno.

Los modos de negociación que se han impuesto en el Ejecutivo parecen responder a un reparto de parcelas en el que Unidas Podemos tiene sus leyes y en el que prevalece un cálculo partidista que debilita a la misma coalición. No se ha logrado desarrollar una estructura que visibilice el diálogo horizontal entre ministros. Con el añadido de la evidente fractura entre Podemos y el resto del espacio confederal de UP, lo que obliga a una coordinación a tres y no a dos. Hasta ahora, los problemas de fricción entre los socios del Ejecutivo se saldan con un pacto por arriba que da una salida política al enfrentamiento y pone en un segundo plano los aspectos de carácter técnico. Pero se trata de impedir que un mal funcionamiento interno genere una situación parecida a la vivida durante esta semana. Un error subsanable, una carencia técnica o la disparidad de interpretaciones sobre la norma no pueden volver a colonizar el debate con el efecto de invisibilizar la ambición de una ley necesaria. El principal interesado en armar y cuidar ese mecanismo cohesionador, hoy ausente, es Pedro Sánchez.



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