Las autoridades separatistas del este de Ucrania ordenan la movilización general de su población | Internacional


Los ciudadanos de las provincias ucranias de Donetsk y Lugansk viven una situación inédita en ocho años de guerra. Un día después de instar a la evacuación de mujeres, niños y ancianos, sus hombres han sido llamados este sábado a una movilización general por los dirigentes prorrusos de las autoproclamadas repúblicas y se ha prohibido abandonar la región a todo varón de entre 18 y 55 años. Son medidas de guerra total que llegan tras un conflicto que ha dejado unos 14.000 muertos desde que comenzó en 2014.

Kiev estima que las fuerzas de ambas regiones suman unos 30.000 combatientes. “Llamo a mis compatriotas que están en la reserva a que acudan a las oficinas del comisario de guerra”, ha anunciado a través de un nuevo vídeo el jefe de la zona de Donetsk, Denis Pushilin. El día anterior divulgó otra grabación en la que justificaba sacar de la zona a los civiles más desprotegidos ante la posibilidad de un inminente ataque del Ejército ucranio. Sin embargo, el anuncio levantó sospechas muy pronto: los metadatos del archivo reflejaban que había sido grabado el 16 de febrero, un día antes de intensificarse las hostilidades en la línea de contacto, y Pushilin se dirigía a la población en su mensaje con un explícito “hoy, 18 de febrero”.

Las autoridades de Lugansk también han llamado a la movilización general y han ordenado a las empresas “llegar a un acuerdo con los trabajadores, pagar sus salarios y asegurarse de que acudan a los puntos militares en las fechas señaladas en las órdenes de movilización”. A media tarde, horas después de la publicación del decreto, unas 3.000 personas se habían acercado a sus puestos, según el comisario militar de Lugansk, Andréi Gubánov, una cifra pequeña frente a los 1,4 millones de personas que estimaban en 2019 las autoridades separatistas que vivían en la provincia rebelde, con 440.000 residentes solo en la capital.

A la llamada a las armas y la evacuación se ha sumado también un retorno a la economía de guerra. El Gobierno prorruso de Donetsk impuso un límite de 10.000 rublos (114 euros) al sacar efectivo de los cajeros. El banco central que crearon los separatistas a raíz de la guerra opera con la divisa rusa y no con las grivnas ucranias, y justificó este corralito “con el fin de garantizar la provisión ininterrumpida de efectivo a los ciudadanos durante el periodo que dure el régimen especial de operaciones”.

Una cola para sacar dinero de un cajero, este viernes en la ciudad de Donetsk.
Una cola para sacar dinero de un cajero, este viernes en la ciudad de Donetsk.ALEXANDER ERMOCHENKO (REUTERS)

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A pesar de la urgencia con la que se anunció la evacuación y que prometían llevar a Rusia unas 700.000 personas, los separatistas anunciaron el sábado por la mañana que hasta ese momento habían abandonado ambas regiones unos 6.600 ciudadanos, incluidos 2.400 niños.

Los dirigentes de las regiones separatistas, con los que se niega a negociar directamente Kiev por considerar que son el brazo del Kremlin en la región, aseguran que una invasión del Ejército ucranio es inminente, aunque el Gobierno de Volodímir Zelenski ha negado esto reiteradamente desde que en noviembre comenzó a aumentar la tensión con el despliegue ruso alrededor de sus fronteras. El ministro de Defensa ucranio, Olekssi Reznikov, ha señalado que sus servicios de espionaje estiman que las Fuerzas Armadas de Rusia suman ya 129.000 militares y armamento pesado alrededor de su país.

El Gobierno ucranio advierte de que Rusia podría forzar su intervención a través de la fabricación de un pretexto. Horas después del anuncio de la evacuación comenzaron a producirse una serie de incidentes cuya autoría atribuyeron a Kiev los separatistas. En un parking vacío de Donetsk explotó el coche de un jefe de la milicia, Denis Sinenkov, y luego se registraron otros estallidos en una subestación acuífera justo cuando eran grabadas en directo en plena noche por un equipo de la agencia estatal rusa News Front. Las autoridades afirmaron que unos 1,8 millones de personas podrían quedarse sin agua potable y acusaron del supuesto sabotaje al grupo de extrema derecha ucranio Pravy Sektor, una de las agrupaciones a las que achacan la caída del presidente prorruso Viktor Yanukóvich, en 2014, por las protestas europeístas del Maidán.

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