La UE encuentra la ‘criptonita’ para frenar el autoritarismo de Orbán: la presión económica


La Unión Europea lo ha intentando todo para frenar la deriva autoritaria de la Hungría de Viktor Orbán, que según la Eurocámara ya no es una democracia plena sino una «autocracia electoral». Procedimentos sancionadores por atentados contra la independencia judicial, la libertad de prensa o los derechos de la comunidad LGBT. La ‘opción nuclear’ que podría suspender el derecho de voto de Budapest en Bruselas. Incluso una bronca pública de los líderes europeos a Orbán.

Ninguna de estas medidas ha tenido éxito. Al contrario, la presión de la UE sólo ha servido para reforzar al primer ministro húngaro, que obtuvo una nueva mayoría absoluta en las elecciones del pasado abril. Orbán ha mantenido su desafío incluso en la guerra de Ucrania, exhibiendo su cercanía con Vladímir Putin. Ha ralentizado sistemáticamente las sanciones contra el Kremlin y ha firmado contratos con Moscú para obtener gas en condiciones ventajosas, mientras Bruselas reclama desengancharse de los combustibles fósiles rusos.

Sin embargo, en las últimas semanas la Comisión de Ursula von der Leyen parece haber encontrado la ‘criptonita’ para anular al Gobierno húngaro (al que Vox pone habitualmente como modelo de sus políticas): la presión financiera. El plan de recuperación Next Generation de Hungría cuya dotación asciende a 7.200 millones de euros lleva paralizado desde hace más de un año.

[Bruselas propone congelar 7.500 millones de fondos europeos a Hungría por fraude y corrupción]

Además, el Ejecutivo comunitario ha propuesto este domingo congelar otros 7.500 millones de euros (un tercio de los fondos regionales adjudicados a Budapest para el periodo 2021-2027) por fraude y corrupción generalizados. Es la primera vez que Bruselas activa el mecanismo que permite suspender las ayudas europeas a los Estados miembros que vulneran sistemáticamente los principios democráticos.

Un bloqueo de las ayudas europeas que se produce en un contexto de crisis económica grave en Hungría. El crecimiento se frena y la inflación se ha disparado hasta el 18,6%, una de las tasas más altas de la UE. Bruselas prevé que la actividad se ralentice marcadamente en los próximos trimestres en el país centroeuropeo por el impacto de la guerra en Ucrania, y que los precios sigan al alza.

El comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, durante la rueda de prensa de este domingo


El comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, durante la rueda de prensa de este domingo

Comisión Europea

Ante este panorama, el Gobierno de Viktor Orbán ha acabado doblegándose a las presiones de Bruselas. Después de una década ignorando, despreciando o incluso burlándose de las peticiones y recomendaciones de la UE, Hungría ha dedicado todo el verano a negociar con Von der Leyen un paquete de medidas para combatir la corrupción y el fraude y evitar así la congelación de los fondos europeos.

La oferta de Budapest llegó demasiado tarde: las reformas todavía no se han puesto en marcha y la Comisión estaba obligada a actuar antes del 21 de septiembre para cumplir los plazos legales. Aún así, el Gobierno de Budapest todavía confía en parar el reloj a tiempo y no perder ninguna ayuda europea.

[La Eurocámara tacha a Hungría de «autocracia electoral» y pide congelarle los fondos europeos]

«Hungría no ha asumido compromisos para engañar a la Comisión. Hemos asumido compromisos que sabemos que se pueden poner en práctica. Por lo tanto, no vamos a sufrir una pérdida de fondos», ha dicho este domingo el ministro de Desarrollo, Tibor Navracsics.

¿Cuáles son las deficiencias y carencias en la gestión de los fondos europeos que denuncia Bruselas? El Ejecutivo comunitario sostiene que Budapest manipula los procedimientos de adjudicación de contratos públicos para favorecer de forma sistemática al partido gobernante Fidesz y a los aliados de Orbán. Es decir, una compra de favores por parte del Gobierno húngaro para mantenerse en el poder a cargo de las ayudas comunitarias.

En una rueda de prensa extraordinaria este domingo, el comisario de Presupuestos, el austriaco Johannes Hahn, ha denunciado «irregularidades sistemáticas y deficiencias y debilidades en la contratación pública; insuficiencias en el tratamiento de conflictos de intereses y preocupaciones con respecto a los fideicomisos de interés público; deficiencias en la eficacia de investigaciones y enjuiciamientos en casos relacionados con fondos de la Unión; y deficiencias en el marco anticorrupción».

El Ejecutivo comunitario lanzó el procedimiento para congelar las ayudas a Hungría el pasado mes de abril. Pero el Gobierno de Orbán rebatió todas las críticas y no ofreció ninguna medida correctiva para solucionar los problemas denunciados por Bruselas. El 20 de julio, Bruselas envió una carta a Budapest en la que detallaba la cantidad de fondos comunitarios que iba a bloquear. Sólo bajo esta amenaza de perder 7.500 millones de subvenciones, Hungría empezó una negociación contrarreloj durante el verano.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, en una imagen de archivo


El primer ministro húngaro, Viktor Orban, en una imagen de archivo

Bernadett Szabo

Reuters

El resultado ha sido un paquete de 17 medidas para combatir el fraude que Orbán ofrece a la UE. Las más destacadas son la puesta en marcha de una oficina anticorrupción con independencia reforzada y amplios poderes, la reforma de la legislación sobre contratos públicos y la creación de un registro público de bienes y rentas no sólo para ministros y secretarios de Estado, sino también para miembros del Parlamento húngaro.

El problema es que todas estas iniciativas son ahora mismo simples declaraciones de intenciones y todavía no se han plasmado en legislación concreta. De ahí que Bruselas haya seguido adelante con su propuesta de congelar 7.500 millones de euros a Hungría. Sin embargo, el Gobierno de Orbán todavía dispone de una última oportunidad para eludir las sanciones de la UE.

La suspensión de las ayudas europeas debe ser ahora aprobada por los Gobiernos de la UE por mayoría cualificada. Es decir, que ningún país -ni siquiera los aliados más estrechos de Hungría como Polonia- puede vetarla en solitario. Los Veintisiete disponen de un plazo de un mes para adoptar una decisión final, que puede prorrogarse hasta tres meses.

Budapest reclama ahora una prórroga para que le dé tiempo a poner en práctica sus medidas anticorrupción. Su compromiso es que todo el paquete esté en vigor como muy tarde para el 19 de noviembre. Si se cumplen estos plazos, los Gobiernos todavía podrían paralizar el bloqueo de los fondos. El problema es que cada vez hay menos gente en Bruselas que se fíe de Orbán.

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