La Justicia europea despeja definitivamente el camino para cortar los fondos de Hungra y Polonia


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El Tribunal de Justicia de la UE ha despejado completamente el camino este mircoles para que Bruselas corte los fondos estructurales o de cohesin de Hungra y Polonia como castigo por los reiterados desafos al Estado de Derecho, y en particular por las presiones al sistema judicial.

Hace ms de un ao, tras eternas negociaciones y tras sortear un veto indirecto de Varsovia y Budapest, la UE se dot de un Mecanismo de Estado de Derecho, un instrumento que por primera vez da poderes suficientes a la Comisin para cortar los fondos de un pas si queda demostrado que no se est respetando el imperio de la ley y que los recursos comunes estn siendo usados incorrectamente. Parte del proceso, sin embargo, contemplaba un irregular ‘pacto de caballeros’ por el que la presidenta Ursula von der Leyen se comprometa a no activar el mecanismo hasta que el TJUE se pronunciara sobre su legalidad, puesta en cuestin por Viktor Orban y Tadeus Morawiecki. Hoy, tras mucha espera, el tribunal ha dejado claro que se puede seguir adelante.

Los magistrados han desestimado esta maana los recursos presentados, estimando que el mecanismo ha sido adoptado «sobre una base jurdica adecuada, es conforme con el procedimiento previsto en el artculo 7 TUE y respeta, en particular, los lmites de las competencias atribuidas a la Unin y el principio de seguridad jurdica».

Bruselas (entendida en su sentido ms amplio, incluyendo al Parlamento y la Comisin pero tambin a buena parte del Consejo) lo tiene claro y no debera haber ninguna razn para la puesta en marcha en cuestin de das o semanas. Argumentos no faltan. Los choques estos ltimos aos han sido constantes, por la presin a los jueces, por leyes contra los derechos del colectivo LGTBi, por la presin para cerrar universidades privadas o incluso tras diversas sentencias y multas del propio TJUE por cosas como no cerrar una mina. Hay abiertos varios casos y, adems, la Comisin no ha dado siquiera luz verde todava a los Planes de Recuperacin de ambos pases (al haber deficiencias en el apartado de seguridad jurdica y control independiente de los tribunales), por lo que tampoco tienen todava acceso al dinero de las emisiones conjuntas de deuda para hacer frente a los costes de la pandemia.

Hungra y Polonia han tensado la cuerda hasta el mximo, sabiendo que los Tratados dan pocos instrumentos efectivos y reales para que las instituciones comunitarias reaccionen ante un desafo abierto. Existe el llamado ‘botn nuclear’, el Artculo 7, que permite en ltima instancia privar incluso de voto en el Consejo a un Gobierno. Ambos pases tienen abiertos sendos expedientes, uno a instancias de la Comisin y otro del Parlamento, pero llegar hasta el final requiere unanimidad, y ambos se protegen mutuamente. No haba mucho margen, hasta que se cre este instrumento, de forma paralela a la aprobacin del Fondo de Recuperacin de 800.000 millones de euros y junto al Presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027.

Los gobiernos de Visegrado denunciaron ante el TJUE que el mecanismo era ilegal, pero el alto tribunal ha estimado este mircoles, siguiendo las recomendaciones del abogado general, que no. «Un mecanismo de condicionalidad horizontal como el que crea el Reglamento, que supedita el acceso a financiacin procedente del presupuesto de la Unin al respeto, por parte de un Estado miembro, de los principios del Estado de Derecho, puede estar comprendido en la competencia que los Tratados confieren a la Unin para establecer «normas financieras» relativas a la ejecucin del presupuesto de la Unin», dice la sentencia.

Las elecciones en Hungra desatan las dudas

Lo ocurrido desde 2020 ha dejado tocada la imagen de la Comisin. Legal y legislativamente no haba ninguna razn para no proceder, puesto que el mecanismo estaba aprobado y haba denuncias suficientes. Los expertos consideran que un pacto entre lderes no era motivo suficiente para la demora. La Eurocmara decidi hace unos meses acudir a los tribunales, indignada por la pasividad de Von der Leyen, que para mantener los equilibrios de poder (y temiendo que Hungra y Polonia hicieran imposible el da a da de la Unin con vetos, bloqueos o boicots) ha sentado un peligroso precedente. Su caso, sin embargo, no era demasiado slido, pues la Comisin tiene la discrecionalidad de su parte.

Ahora, sin embargo, llegan las dudas, pues Hungra celebra elecciones en abril. La oposicin lleva reclamando la intervencin muchos meses, pero el equipo de Von der Leyen duda, al estimar que el Mecanismo de Estado de Derecho dara a Orban an ms municin electoral, convirtiendo las urnas en una especie de referndum sobre la Unin.

A principios de diciembre, el abogado general, el espaol Campos Snchez-Bordona, estim que la finalidad del Reglamento es la de crear un mecanismo especfico para asegurar la correcta ejecucin del presupuesto de la Unin, sobre todo cuando un Estado miembro incurre en violaciones de los principios comunes «que pongan en peligro la buena gestin de los fondos de la Unin o sus intereses financieros».

En este contexto, el abogado general recalcaba que el Reglamento «no pretende proteger el Estado de derecho mediante un mecanismo sancionador similar al del artculo 7 de los Tratados, sino que establece un instrumento de condicionalidad financiera para preservar este valor de la Unin», y a su juicio «el poder de apreciacin de las instituciones de la Unin ampara esta opcin legislativa, que no puede calificarse de manifiestamente errnea, ya que el respeto de los principios del Estado de derecho puede revestir una importancia fundamental para el buen funcionamiento de las finanzas pblicas y para la correcta ejecucin del presupuesto de la Unin».

En su decisin de hoy, los magistrados recuerdan que «el respeto por parte de los Estados miembros de los valores comunes en los que se fundamenta la Unin, que han sido identificados y son compartidos por esos Estados y que definen la identidad misma de la Unin como ordenamiento jurdico comn a tales Estados, 4 entre ellos el Estado de Derecho y la solidaridad, justifica la confianza mutua». Y que por tanto, y dado que el respeto de tales valores constituye un requisito para disfrutar de todos los derechos derivados de la aplicacin de los Tratados, «la Unin debe estar en condiciones, dentro de los lmites de sus atribuciones, de defender los valores indicados». Y que no puede aceptarse que el respeto de valores sea algo puntual, un requisito previo para la adhesin del que pueda uno eximirse posteriormente.

Vnculo directo

Un elemento clave en la disputa legal tiene que ver con qu elementos pueden desencadenar la activacin del mecanismo. La aprobacin del mismo, a finales de 2020, no da carta blanca a la Comisin, sino que para poder intentar cortar el flujo de fondos europeos tiene que quedar demostrado que lo que est en juego no es slo el Estado de Derecho, sino un peligro para las arcas comunitarias, comunes.

En el texto que se publicar hoy, el Tribunal de Justicia recalca que el Reglamento exige, para la adopcin de las medidas de proteccin, «que se acredite un vnculo real entre una vulneracin de un principio del Estado de Derecho y una afectacin o una amenaza de grave afectacin de la buena gestin financiera de la Unin o de sus intereses financieros, y que tal vulneracin debe referirse a una situacin o a una actuacin imputable a una autoridad de un Estado y pertinente para la buena gestin financiera del presupuesto de la Unin».

Y es suficiente porque el concepto de «amenaza» se detalla en la normativa financiera de la Unin y destaca que» las medidas de proteccin que pueden adoptarse deben ser estrictamente proporcionadas a la incidencia sobre el presupuesto de la Unin de la vulneracin apreciada. Concretamente, segn el Tribunal de Justicia, estas medidas pueden tener por objeto acciones o programas distintos de aquellos afectados por tal vulneracin solo en el grado estrictamente necesario para alcanzar el objetivo de proteger dicho presupuesto en su conjunto».

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