la desatención a mayores sin familia



La Fiscalía valenciana ha dado un nuevo toque de atención a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por la falta de recursos y medidas de control a la hora de velar por las personas mayores o con discapacidad que no tienen familia y su protección depende la Generalitat Valenciana.

Esta vez, la alerta viene tras encontrar «disfunciones» en el modelo de atención a personas con diversidad funcional, con trastorno mental grave y personas mayores que impulsó Mónica Oltra en 2017.

Y es que el Ministerio Público ha tenido que «reiterar» el cumplimiento de la reforma que aprobó el Consell de Ximo Puig tras observar «abusos» en los procedimientos de control de las medidas de apoyo, según informó la Fiscalía Superior de Valencia en la memoria del año 2021 publicada ahora.

El documento recoge que en ese ejercicio se observó de nuevo, en cuanto a personas con discapacidad cuyas medidas de apoyo se ejercen por la Generalitat, «un paulatino retraso en la presentación de inventario y rendiciones de cuentas«, que impide a la Fiscalía delegada defender los intereses de personas mayores de edad en situación de extrema vulnerabilidad.

Ello se produce, continúa el informe, «a pesar de que para paliar las disfunciones existentes en el desempeño de las funciones tutelares«, la exvicepresidenta valenciana desarrolló un decreto, en noviembre de 2017, de ordenación de las competencias y servicios respecto a las personas incapacitadas judicialmente o sometidas a procedimientos de incapacitación.

La medida de la entonces líder de Compromís contó con el apoyo y reconocimiento de la Fiscalía. En concreto, establecía que «la asunción de los cargos tutelares por la Generalitat se realizará a través del IVASS (Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria)», una entidad de derecho público dependiente de la Administración autonómica.

En este decreto se ponía «de manifiesto la insuficiencia de medios existentes para el correcto control de las tutelas asumidas por la Generalitat» y que corresponderá «al IVASS la asunción de los cargos tutelares bajo la supervisión de la dirección general».

Además, se preveían «equipos de trabajo multidisciplinarios para el acompañamiento y atención a las personas tuteladas». Según las estimaciones de la Generalitat, en la Comunidad Valenciana hay unas 4.000 personas en esta situación.

El nuevo modelo abordaba un cambio a fondo de un sistema «obsoleto y con falta de personal del antiguo Gobierno«, denunció entonces Oltra, y defendió que daba «respuesta a las necesidades de estas personas a través de la Unidad de Tutelas del IVASS».

Incluso otras autonomías, como Baleares, se interesaron por el modelo valenciano porque garantizaba «los servicios de apoyo, protección, defensa y salvaguarda que precisan tanto a nivel personal como patrimonial, garantizando los derechos, la pluralidad y el respeto a la diferencia de estas personas», según defendió Oltra.

Pero, cinco años después de su implantación, la norma no se está cumpliendo, generando una situación «preocupante» en el desempeño de los cuidados.

En este sentido, la Fiscalía valenciana alerta de que «se ha tenido que reiterar el requerimiento para el cumplimiento de las obligaciones de cargo de tutor o curador con funciones representativas».

«La situación es preocupante porque al no existir fundaciones en la provincia de Valencia con competencia para asumir tutelas de personas sin familiares, no se puede proceder a la remoción del IVASS aunque se advere un mal desempeño de la curatela«, apunta

El control de las medidas de apoyo de las personas con discapacidad es una de las funciones más relevantes y efectivas para garantizar sus intereses. Precisamente es en los procedimientos de control de las medidas de apoyo (antiguas tutelas) donde se han advertido mayores abusos.

Descapitalizaciones

Dicho control ocupa gran parte de la actividad de la Fiscalía, recabando los extractos de cuentas corrientes y solicitando se relacionen ingresos y gastos para evitar
«descapitalizaciones injustificadas que hagan peligrar el sustento y bienestar de las personas con discapacidad».

En el año 2021, se han advertido en varios supuestos «las extracciones de importantes cantidades de dinero de forma injustificada por los todavía tutores y se han interpuesto demandas de revisión de medidas y, en algunos casos, solicitado la remisión de testimonio de particulares al juzgado de instrucción por posible comisión de delito».

En Alicante también se han hallado casos similares. El Ministerio Público ha constatado que se «reciben diariamente numerosos informes sociales que reflejan situaciones de vulnerabilidad de personas mayores que viven solas en sus domicilios».

Son personas que están «sujetas a posibles abusos económicos, expolios familiares e incluso informes derivados de residencias en relación a posibles conflictos familiares que pueden perjudicar tanto la salud mental como patrimonial de los residentes».

En Castellón, la Fiscalía también ha detectado «disfunciones en el ejercicio curatelar ejercido por la entidad pública (IVASS), habiendo instado el cumplimiento de sus responsabilidades«. Igualmente, denuncian «la inexistencia de Fundaciones tutelares en esta provincia».



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