Irene Montero: Una ministra abrasada | Opinión



Sabemos que un cristal es valioso cuando se rompe y quienes están alrededor lo observan compungidos. Algo así ha pasado con el descalabro de la ley del solo sí es sí. No es solo que la agenda feminista se vaya a centrar en el tema de la seguridad de las mujeres, con la absurda alarma sobre violadores saliendo a las calles que emulamos de los programas de Ana Rosa Quintana, pura munición para la ultraderecha. Es que la mirada punitiva deja en penumbra todo el capital político de la cuarta ola. También es elocuente el silencio de Alberto Núñez Feijóo en este desaguisado. Quizás piense que no le hace falta decir nada.

Las implicaciones de las fallas de la ley que quiso patrimonializar la ministra Montero son profundas y de largo alcance, y quizá conlleven un fin de ciclo: la acelerada deslegitimación del Ministerio de Igualdad para liderar procesos de cambio y la ruptura con el movimiento feminista. Institucionalmente, es inevitable que salpique a su otra ley estrella, la ley trans, reforzando al sector feminista que lideran externamente las mujeres socialistas, con Carmen Calvo a la cabeza, pero también, internamente, al yolandismo, quien guarda un silencio elocuente ante el enorme descalabro. Tampoco ayuda al prestigio del Gobierno que Montero, parapetada en su Ministerio sin asumir responsabilidades, pudiera estar jugando a posicionarse como candidata de Podemos a la presidencia, lo que explicaría su repliegue y que intente desviar la atención sobre los evidentes problemas técnicos de la ley, lanzando dardos sobre el machismo de los jueces y acusándolos de estar incumpliéndola deliberadamente. Resulta bisoño que tanto ella como su secretaria de Estado pidieran estos días “más sensibilidad” en la aplicación de la ley. Ese desprecio a un poder del Estado desde quien se piensa que ha sido ungido por el sufragio popular tiene un nombre ya manido: populismo.

Lo que nos lleva también a una reflexión de fondo sobre la consideración fundamental de la democracia como un asunto de procedimientos. El Código Penal es una herramienta del pacto social y su reforma no puede atender a la lógica del parcheo o de otros intereses que lo desvirtúan como tal. Es imprescindible oír a los expertos de forma imparcial y desarrollar un trabajo técnico de precisión, y no se puede gobernar sin atender a las instituciones del Estado que dan consejo y asesoramiento. Una reforma no es solo un mecanismo de relojería, sino también de consensos. El Ministerio debiera haber dialogado públicamente con otros ministerios, con Presidencia, en el Consejo de Ministros, con los grupos parlamentarios, pero hace tiempo que el Parlamento es solo un lugar al que llevar leyes precocinadas para que se refrenden como un mero trámite, con una oposición que se niega sistemáticamente a abordar pacto de Estado alguno. El dilema del Gobierno es ahora extraordinario, pues Montero, máxima responsable de este entuerto, está abrasada, aunque no parezca tener cerca a nadie que se atreva a decírselo.

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