Interior blinda Moncloa y la Zarzuela con un escudo antidrones valorado en 1,5 millones de euros



La preocupación por los drones hace tiempo que es una de las prioridades de seguridad en las más altas instancias del Gobierno, en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por eso, esta misma semana la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior ha firmado por un millón y medio de euros la licitación de un contrato con el que proteger las más Altas Instituciones del Estado de este tipo de sistemas aéreos no tripulados.

Según el contrato, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, ese dinero se invertirá en blindar con un escudo antidrones emplazamientos como el Palacio de la Moncloa o Zarzuela, residencia de la Familia Real. 

Concretamente, el contrato busca el «suministro de los equipos de detección, neutralización y comunicaciones, y el software de mando y control, que permitan implantar la Red SIGLO-CD en su Fase I, para proteger las más altas instituciones del Estado».

La Red SIGLO-CD es el Sistema Global Contra Drones con el que cuenta la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior. Se trata de una herramienta que emplea, por ejemplo, la Policía Nacional, con el objetivo de identificar infracciones relacionadas con drones. 

Preocupación creciente

La preocupación sobre esta materia resulta cada vez mayor entre quienes se dedican a la protección de las infraestructuras estratégicas. A finales de agosto, siete aviones que iban a aterrizar en el aeropuerto de Madrid tuvieron que ser desviados al de Valencia tras detectar la Guardia Civil la presencia de drones de origen desconocido.

La Estrategia de Seguridad Nacional del pasado 2021 menciona claramente la relevancia que están adquiriendo cada vez más las aeronaves no tripuladas. 

«Cualquier disrupción que afecte a las aeronaves, los aeropuertos o las instalaciones en tierra, en especial un ataque terrorista, tendría un impacto de magnitud y trascendencia económica considerables», reza literalmente.

En ese mismo documento, en cuya elaboración colaboran desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hasta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pasando por las Fuerzas Armadas, se define el auge y «la proliferación del uso ilícito de los drones» como una «preocupante tendencia». «Pueden paralizar el uso de aeropuertos o infraestructuras críticas, y son además potenciales armas para sabotajes o acciones terroristas«.

[Los ciberataques crecen un 6,1% en 2021 y ya suponen un 15,6% del total de infracciones penales en España]

Hay más estudios recientes que apuntan hacia una regulación de esta clase de aeronaves. En las últimas semanas, el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial ha publicado un estudio titulado ‘Drones y Seguridad Nacional. Un estudio multidimensional».

En él se llega a la conclusión de que resulta necesario contar «con registros para controlar todos los elementos que conforman el escenario de los drones en España (pilotos, operadores, fabricantes, importadores y los propios drones)».

Esto sería fundamental para, junto al establecimiento de un marco normativo, alcanzar «el primer paso para normalizar las actividades del sector y tener la información necesaria para discriminar las operaciones con drones que son realizadas ajustadas a la legalidad».

Pruebas en cárceles

Esta tecnología, tal y como anunció hace meses el Ministerio del Interior, se está probando ya en distintas infraestructuras públicas. Hay algunas prisiones en las que se ha notificado la entrada ilegal de drones al recinto para intentar introducir teléfonos móviles, objetos delictivos o incluso sustancias estupefacientes. 

Es por ello que en cárceles como la de Ceuta, Instituciones Penitenciarias ha extendido ya la red SIGLO-CD que se emplea en cárceles como las de Madrid.

La tarea pendiente de Interior en este asunto es la de extender ese novedoso escudo antidrones a cárceles como la de Botafuegos, Algeciras. Este centro, según las fuentes consultadas, se trata de la prisión en la que más móviles se han incautado en los últimos 5 años. Un total de 690, muchos de los cuales son introducidos en el recinto gracias a drones pertenecientes a bandas del crimen organizado.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ya los está empleando incluso en la prevención y la extinción de grandes incendios forestales. Este verano en Galicia, con el objetivo de colaborar en la prevención, ha comenzado la llamada Operación Centinela Gallego 22.  En ella se han desplegado diversos tipos de drones que detectan puntos de calor y que proporcionan a la Xunta de Galicia las coordenadas exactas de esos puntos.



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