El principal colaborador de Villarejo lo deja solo en la fase final del juicio: “Él era el jefe supremo y todopoderoso” | España


Rafael Redondo, principal colaborador de Villarejo, en la Audiencia Nacional el pasado 28 de febrero.
Rafael Redondo, principal colaborador de Villarejo, en la Audiencia Nacional el pasado 28 de febrero.Jesus Hellin 2022 (Europa Press)

El primer gran juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo, que afronta una petición de la Fiscalía de más de 80 años de cárcel por liderar una macrotrama de corrupción, ha continuado este lunes con su fase final. La defensa de Rafael Redondo, principal colaborador del antiguo funcionario de la Policía Nacional, ha inaugurado la sesión y ha aprovechado para descargar toda responsabilidad en el principal sospechoso. “Mi representado seguía en todo momento las consignas que Villarejo le daba. Villarejo era el jefe supremo, era el jefe todopoderoso. Ejercía un control férreo y absoluto”, ha insistido el abogado de Redondo al exponer sus conclusiones.

El letrado del gran colaborador del comisario retirado, que deja solo a este cuando el juicio afronta su recta final, se ha pronunciado con una enorme contundencia: “Mi representando ha tenido que soportar y sigue soportando el sambenito de que es el socio de Villarejo. Redondo es abogado y estaba contratado por Villarejo para prestar servicios jurídicos en sus empresas”, ha minimizado su defensa: “Seguía en todo momento las consignas que Villarejo le daba […] Redondo no es el secuaz de nadie”. “El verdadero papel que tenía mi representado era ser un empleado de Villarejo, manejado y mediatizado por Villarejo”, ha dicho.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción concede a Redondo un papel clave en la trama. El ministerio público ha recalcado que este abogado de profesión no era un simple subordinado. Era su hombre de confianza: asistía con Villarejo a las reuniones con los clientes (que, al igual que el policía, grabó en alguna ocasión), confeccionaba facturas, figuraba como apoderado en cuentas bancarias y era socio de las empresas de la red societaria del comisario. La acusación llega a situar en sus escritos a Redondo en el nivel más alto: “[Junto] a Villarejo y Gemma Alcalá [la mujer del policía], canalizaba sus actividades criminales”.

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, la Fiscalía y el juez instructor Manuel García-Castellón mantienen que Villarejo creó una trama para vender servicios de espionaje a particulares y empresas, para los que accedía a bases de datos confidenciales de la Administración a cambio de cantidades millonarias. “Redondo fijaba la estrategia a seguir por sus clientes sobre la base de los datos reservados obtenidos ilícitamente”, dice Anticorrupción sobre el colaborador.

Este primer gran juicio al comisario se centra en tres de presuntos proyectos irregulares: Iron, que aborda la contratación del comisario por parte del bufete Herrero & Asociados para espiar supuestamente a otro despacho rival (Balder); Land, que fija la diana en la guerra familiar de los herederos de Luis García-Cereceda, el promotor que levantó la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid); y Pintor, que trata de cómo el empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, fichó a Villarejo para que obtuviera ilegalmente datos de un exsocio, al que reclamaban el pago de una deuda.

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“Reír las gracias del jefe”

El abogado de Redondo, que este lunes ha denunciado también irregularidades en la investigación judicial, ha minimizado el rol de su defendido. “Mi representado grabó en muy pocas ocasiones y a exigencia expresa de Villarejo”, ha expuesto. “Mi representado actuaba como archivero de las empresas de Villarejo. En su despacho se encontraban muchos archivos porque era una de las obligaciones que tenía encomendadas. No se le puede culpar de que en su despacho hubiera archivos de las operaciones desarrolladas por Villarejo”, ha continuado. “El patrimonio de mi representante es modesto, distante del de Villarejo”.

“Efectivamente, redondo tiene participaciones en las sociedades de Villarejo. Exactamente un 0,016%. Si eso es ser socio de Villarejo, que venga dios y lo vea”, ha proseguido el abogado: “Redondo es culpable de haber acompañado a Villarejo a determinadas reuniones, pero no lo acompañaba con una misión concreta o relevante. Lo acompañaba de bulto, de sujetavelas, para reír las gracias de su jefe”. “No es de recibo mantener una acusación en forma de mancha de aceite”, ha reprochado a la Fiscalía, a la que ha acusado de querer “derribar a Villarejo y a los que están a su alrededor” sin importar “lo que hayan hecho”. “Son culpables por el mero hecho de estar cerca de Villarejo. Este procedimiento es para derribar a un gran elefante y, para ello, lo que se hizo fue prender fuego al bosque sin percatarse de que alrededor hay muchas personas que no son responsables de lo que ha hecho Villarejo”, ha remachado la defensa.

Esta vista oral se ha adentrado en septiembre en su fase final, con la exposición de las conclusiones de todas las partes. Tras hacerlo las acusaciones a principio de mes, este martes ha comenzado el turno de las defensas. Una vez que acaben, los procesados podrán ejercer su derecho a la última palabra. Después, el juicio quedará visto para sentencia casi un año después de empezar.

Podemos recurre la negativa del juez de imputar a Cospedal

Podemos, personado como acusación popular en el caso Villarejo, ha presentado este lunes un recurso contra la negativa del juez Manuel García-Castellón de volver a imputar a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, por la Operación Kitchen. El partido ha solicitado reanudar la instrucción sobre la trama policial montada en el Ministerio del Interior contra el extesorero popular Luis Bárcenas para robarle presuntamente documentación comprometedora para altos cargos de la formación conservadora. Según expone Podemos, que pide reabrir las pesquisas a raíz de las revelaciones contenidas en los audios de Villarejo publicados en la prensa en los últimos meses, estas grabaciones «vienen a acreditar la participación de miembros relevantes de la dirección del PP, y en concreto Cospedal, en la dirección y ejecución de la Operación Kitchen».



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