El juez ordena a la Guardia Civil un informe sobre la cúpula de ETA y la muerte de Miguel Ángel Blanco



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El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha ordenado a la Guardia Civil que elabore un informe sobre los miembros de la cúpula de ETA cuando se produjo el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco, ocurrido en julio de 1997.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, con el que el magistrado, como ya informó este diario, admite a trámite una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) contra nueve exjefes etarras y reabre la investigación.

Se trata de Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; José Javier Arizcuren, Kantauri; María Soledad Iparaguirre, Anboto; Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi; Mikel Albisu, alias Mikel Antza; y Asier Oyarzabal, BaltzaVicente Goicoechea, alias WillyJokin Echevarría y Carlos Ibarguren, apodado Nervios.

García-Castellón, antes de decidir sobre las diligencias que solicitan los querellantes, acuerda requerir este «informe pericial de inteligencia» a la Benemérita en el que pide que «se plasmen todos los elementos documentales sobre el grado y la participación de los querellados en el comité ejecutivo de ETA en la época investigada».

De esta forma, la Audiencia Nacional trata de desentrañar quién o quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato del político y si procede atribuirles responsabilidad penal por haber ordenado, supuestamente, la muerte de Blanco.

Asimismo, el juez trata de averiguar si alguno de los jefes de la banda terrorista pudo haber impedido de algún modo el asesinato del concejal, dado su dominio jerárquico sobre el resto de terroristas. Especialmente, en un caso como éste, ya que Blanco estuvo secuestrado durante unas 48 horas antes de su asesinato.

Según expone el magistrado, el informe de la Guardia Civil también deberá incluir otros «elementos documentales relacionados con otras acciones terroristas contemporáneas» al este asesinato, a fin de estudiar cuál era el modus operandi utilizado por ETA y la posible participación de los miembros de su cúpula en la decisión de matar. Esta resolución no es firme y contra ella cabe recurso. Por el momento, el juez descarta citar a declarar a los querellados.

Tras ser retenido 48 horas, Miguel Ángel Blanco fue asesinado el 13 de julio de 1997 por dos miembros de ETA. Ambos Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, e Irantzu Gallastegui SodupeAmaia— ya fueron condenados en 2006.

Nueva vía jurídica

En este y en otros procesos, la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, ha abierto una nueva vía jurídica con la que apuntar hacia los líderes de la banda por los asesinatos y atentados cometidos bajo su dirección, como posibles instigadores y corresponsables de los crímenes —»presuntos autores detrás del autor», señala la asociación—, al haberlos ordenado y/o seleccionado los objetivos.

Para ello, se basan en el artículo 28 del Código Penal español. ¿Qué dice este artículo? Que «son autores [criminalmente responsables de los delitos] quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento». No obstante, también otorga esta calificación a «los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo» y «los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado».

«El ejecutor material condenado empuñó la pistola. Pero los nueve aquí querellados empuñaban al ejecutor material de la misma manera», reza la querella de DyJ por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Asimismo, indicaba que «no es posible pensar que la responsabilidad de todo lo que implicó tal secuestro y asesinato hubiese sido autónomamente decidido por tan sólo los dos ejecutores materiales ya condenados, como si se tratase de dos lobos solitarios aislados».

El autor de esta querella, y de otras basadas en esta nueva vía jurídica, es Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de Dignidad y Justicia.

«[Los nueve exjefes de ETA] son los auténticos autores detrás del autor. De hecho, tenían un dominio del hecho incontestablemente superior, pues si el peón fungible que empuñaba la pistola se hubiese negado finalmente a disparar, hubiese sido fácilmente sustituido por otro peón fungible que sí hubiese disparado y Miguel Ángel Blanco habría sido igualmente asesinado», indica el escrito de DyJ.

El letrado también es el autor de la querella que derivó en la investigación a la cúpula de ETA en el año 2000 por el asesinato del juez Queriol Lombardero. Y de la que inició la investigación a los exjefes etarras por el atentado contra la Terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas en 2006. Un ataque que provocó dos muertes, decenas de heridos, miles de euros en daños, retrasos en varios vuelos y rompió el alto al fuego que había acordado ETA con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por esta última causa, se investiga, entre otros, al líder etarra Josu Ternera.

La misma asociación de víctimas también provocó la visita a España, a finales del año pasado, de una delegación de eurodiputados para interesarse por los crímenes aún impunes cometidos por ETA y la posible «autoría mediata» de los jefes de la banda.

Tal y como ha informado este diario, el último borrador redactado por los europarlamentarios, que comienza este lunes el periodo de enmiendas antes de votarse en el Pleno, insta a las autoridades competentes a «agotar las posibilidades interpretativas del Derecho penal, también en relación con la teoría de la autoría mediata indirecta por dominio prevista en el artículo 28 del Código Penal». Es decir, llama a abrir la puerta a que los líderes de la banda puedan ser procesados como instigadores y corresponsables de los crímenes, al haberlos ordenado y/o seleccionado los objetivos.



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