El Gobierno espera recaudar 2.300 millones más de las grandes empresas | Economía


La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.EUROPA PRESS

El Gobierno espera recaudar al año unos 2.300 millones de euros más de las multinacionales españolas gracias a los acuerdos de tributación internacional alcanzados en la OCDE y el G20. El llamado Marco Inclusivo se prevé que entre en vigor durante 2023 siempre que se cumpla el calendario.

El Ministerio de Hacienda ya impuso a las compañías una tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades. La medida estaba recogida en los Presupuestos para este año. Sin embargo, esta solo se aplica sobre las bases declaradas en España, sin tener en cuenta los beneficios de las filiales en el extranjero. En estas ganancias únicamente se incluyen los dividendos que proceden del exterior, que sin embargo están exentos al 95% de tributar. En la práctica, los pactos que se firman con otros países para evitar que se grave dos veces lo mismo impiden que se pueda ingresar más. España tiene suscritos 96 acuerdos de doble imposición. Al no poder meter mano al beneficio generado fuera, esto implica que con ese mínimo del 15% solo se está haciendo tributar por lo que ganan en España, que en su mayor parte ya está pagando al menos un 15%. En consecuencia, la recaudación que se preveía conseguir con esta medida era escasa cuando Hacienda aprobó los Presupuestos.

Pero el Gobierno espera que esto cambie cuando se ponga en marcha el nuevo acuerdo de fiscalidad internacional, firmado por 136 países que representan el 90% del PIB mundial. Este se basa en dos pilares. En el conocido como pilar dos, los Estados pueden exigir a las empresas multinacionales radicadas en su país que les abonen impuestos por todo lo que no hayan pagado fuera hasta el 15%. Es decir, si han tributado un 8% del beneficio global, el país donde el grupo tenga la matriz podrá reclamar la diferencia hasta el 15%. En estos cálculos se contabilizarían por tanto los resultados de fuera y se podría recaudar más. La cifra para España podría ascender a 2.300 millones, según las primeras estimaciones internas del Ejecutivo que ha comunicado al grupo de expertos para la reforma fiscal. La iniciativa se refiere a empresas con una facturación anual superior a los 750 millones.

La declaración país por país de multinacionales con matriz española, que obliga a las empresas a reportar sus grandes números, ofrece conclusiones relevantes. Esta recopilación de datos, que elabora la Agencia Tributaria y en el que se recogen los 122 grupos empresariales españoles que facturan más de 750 millones, dice que 57 han pagado menos del 15% global. Solo por los 35 que menos tributan se pueden conseguir unos 3.000 millones. Y el montante podría llegar a los 5.000 si se coge el total de empresas cuyo tipo efectivo devengado está por debajo del 15%. Sin embargo, las estimaciones finales dependerán de cómo se formule la letra pequeña del acuerdo de la OCDE. Por ejemplo, se está valorando que si hay actividad real en una filial incluyendo personal y activos fijos, entonces pueda haber un ajuste y la cifra que se reclame por esa empresa subsidiaria no sea ya estrictamente la del 15%.

El otro eje del acuerdo de la OCDE, el pilar uno, tiene como objetivo empresas con una facturación anual global superior a los 20.000 millones y que logran una rentabilidad mayor del 10%. Este marco está pensado para compañías como Google, Facebook o Amazon, y quedarían fuera los servicios financieros e industrias extractivas. De las españolas, en este grupo probablemente solo entraría Inditex. Para estas compañías, se tomaría el 25% de toda la rentabilidad que supere el 10%. Y esa cantidad se repartiría entre los países en función de cuánto facturen en cada uno de ellos. “La forma en que se va a medir las ventas o usuarios está aún por definir y hará variar mucho el resultado”, explica José Antonio Tortosa, socio de tributación internacional de KPMG Abogados.

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De ahí que cualquier cifra sea todavía prematura. Esta nueva figura sustituirá a la llamada tasa Google, que solo ha conseguido recaudar el año pasado 166 millones frente a los 1.200 que se preveía de inicio y los 980 que se apuntaron en los presupuestos de 2021. Este impuesto buscaba gravar las ventas de publicidad online, la intermediación digital y la venta de datos. Además, Google o Amazon han repercutido su coste a los clientes.

Estos acuerdos internacionales pretenden hacer frente a la práctica de las multinacionales de trasladar sus beneficios artificialmente a Estados con una tributación mucho menor. Es decir, que tributen allí donde generan el negocio y no donde lo declaran. “Se trata de una solución global para un problema mundial. El acuerdo pone fin a la competencia a la baja entre los Estados para atraer beneficios y actividad de las multinacionales”, señala Francisco de la Torre, inspector de Hacienda.

La recaudación por este tipo de iniciativas tenderá a reducirse conforme los países vayan subiendo su imposición para llevarla al 15% y no perder así ingresos que de otra forma se irían a los Estados donde estén las matrices. No obstante, este fenómeno se vería compensado porque las empresas ya no deslocalizarían artificialmente la actividad.

Estas serán las bases de la reforma fiscal que se avecina en lo que respecta al impuesto de sociedades. La revisión de esta figura era uno de los mandatos que el Gobierno había dado a la comisión de expertos.

La deslocalización del beneficio

¿Cómo han sido capaces las multinacionales de deslocalizar la actividad y el beneficio fuera de los países donde desarrollan el negocio? Sobre todo lo han hecho mediante el pago de royalties. La filial ubicada donde tiene lugar la actividad paga mucho por estos derechos a la matriz ubicada en un territorio de baja tributación. Y así se trasladan artificialmente los beneficios.

También se suelen manipular los precios de las compras que se hacen dentro del grupo empresarial para llevarse la ganancia a la sede donde se tributa menos. Esta práctica ha desarrollado incluso una gran industria de asesores para llevarla a cabo y defenderla en los tribunales. Otra fórmula habitual consiste en cobrar a la filial costes de servicios por encima del valor de mercado. Antes se solía hacer mucho más a través de préstamos entre filiales, cuyos intereses se abonaban en el país de mayor tributación para obtener una deducción en la factura tributaria. En España esta práctica se limitó a partir de 2012 porque se puso un tope a la deducibilidad de los intereses. El nuevo pacto global suscrito en el marco de la OCDE y el G20 supone en principio un vuelco a esta situación, ya que irá obligando a todos los países a ir poniendo un 15% de impuesto mínimo en sociedades.

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