El Gobierno afronta otra semana decisiva en el Congreso | España


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre del G-20, celebrada en Bali el pasado 16 de noviembre.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre del G-20, celebrada en Bali el pasado 16 de noviembre.POOL (via REUTERS)

El Gobierno y ERC se han afanado por desvincular la reforma del delito de sedición de los Presupuestos Generales del Estado, pero ambas cuestiones irán juntas a votación el próximo jueves en el Congreso. Tras unos días bajo la borrasca por la controversia política sobre la propuesta de modificación del Código Penal —que beneficiará directamente a los encausados por el procés independentista catalán— y la polémica aplicación de la ley del solo sí es sí, el Ejecutivo afronta una semana decisiva para su supervivencia. Y, aunque quedan algunos cabos sueltos, todo hace presagiar que una vez más quedará patente que este es un Gobierno con una mala salud de hierro: pese a la precaria situación parlamentaria del Ejecutivo y a sus tensiones internas, Pedro Sánchez tiene las cartas en su mano para salir airoso de otra votación clave.

El Congreso vivirá desde este lunes la semana más frenética del año. Comienza el debate final de los Presupuestos, con la comparecencia durante tres días de todos los ministros, antes de la votación final, el jueves. Ese día, la Cámara se pronunciará además sobre la ley que crea impuestos extraordinarios a grandes compañías y fortunas, aprobado la semana pasada en comisión tras suavizar algunas de las medidas sobre las empresas energéticas. Y todo eso coincidirá con el primer debate parlamentario sobre la supresión del delito de sedición, una de las grandes líneas de ataque de la oposición.

Los votos para dar luz verde a la propuesta de reforma de la sedición —que elimina este delito del Código Penal y crea a cambio un delito de desórdenes públicos agravados— están garantizados, a la espera de un trámite posterior que puede resultar más conflictivo por la anunciada iniciativa de ERC de plantear que se rebajen también las penas por malversación. Esta posibilidad, que desagrada incluso a aliados del Gobierno, ha contribuido a encender más los ataques de la derecha.

ERC aún no ha confirmado su apoyo a los Presupuestos y, de hecho, el pasado jueves se abstuvo cuando se votó en comisión la propuesta que irá a pleno. Lo mismo ha hecho EH Bildu, que afirma que aún negocia algunos asuntos pendientes. En privado, tanto fuentes del Gobierno como de las dos fuerzas políticas coinciden en que habrá acuerdo.

El otro gran aliado de Sánchez, el PNV, confirmó este domingo su voto favorable a los Presupuestos. “Hemos conseguido aprobar nada menos que el 70% de nuestras enmiendas”, resaltó su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, en San Sebastián. El grupo nacionalista ha pactado que se renueve el cupo vasco, junto a inversiones adicionales de 70 millones para su comunidad. El PNV aún tratará de sacar adelante alguna propuesta más, al igual que el PDeCAT, cuyos cuatro valiosos diputados tampoco han anticipado su posición.

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Faltan por cerrar algunos flecos con Más País, Compromís, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. Con respecto a las mayorías que permitieron sacar adelante los dos Presupuestos anteriores, el Gobierno ha incorporado un nuevo apoyo, el de Coalición Canaria, que no participaba del llamado bloque de investidura. Las dos diputadas de esa formación aprobarán por primera vez las cuentas de Sánchez, tras arrancar medidas como la gratuidad de bonos de transporte para autobús y tranvía en las islas.

El tercer gran examen de la semana para el Gobierno es el de la medida que se ha presentado como el símbolo del giro a la izquierda del Gabinete: los impuestos extraordinarios a las compañías energéticas, la banca y las grandes fortunas. El Ejecutivo ha hecho concesiones a los dos partidos situados en el campo más centrista de sus apoyos parlamentarios, PNV y PDeCAT, lo que propició que saliese de la comisión un texto suavizado. Socialistas y Unidas Podemos aceptaron enmiendas de esos grupos que permiten a las energéticas excluir del pago de los gravámenes a la parte de su negocio sometida a precios regulados y a sus actividades en el extranjero.

El proyecto sobre los nuevos impuestos muestra el juego de equilibrios del Gobierno tratando de contentar a la vez al PNV y al gran competidor electoral de este, EH Bildu. Ambas formaciones reclamaban que en Euskadi y Navarra los gravámenes sean recaudados por sus respectivas Haciendas Forales. El Ejecutivo lo asumió, pero pactándolo con Bildu, no con el PNV, un gesto para favorecer el apoyo de la izquierda abertzale a los Presupuestos.

La apresurada tramitación de la ley sobre los nuevos impuestos ha estado rodeada de controversia. No solo la oposición, también PNV y PDeCAT han deplorado las prisas del Ejecutivo. Ante las protestas de varios grupos, el Gobierno tuvo que rectificar en 24 horas su decisión inicial de vetar todas las enmiendas presentadas —incluida la que finalmente se aprobó para suavizar las condiciones a las energéticas— alegando que distorsionaban los ingresos previstos en los Presupuestos aún sin aprobar. Las protestas arreciaron ante el hecho de que el impuesto a las grandes fortunas no figurase en el texto inicial, sino que se incorporase en una enmienda, lo que impidió que los demás grupos la pudiesen enmendar a su vez. No ha sido la derecha la única en descalificar esta maniobra. “Es una perversión del sistema”, lamentó Ferran Bel, portavoz del PDeCAT.

Si no se produce una sorpresa mayúscula, las cuentas y los nuevos impuestos pasarán después al Senado y regresarán al Congreso para su aprobación definitiva en los últimos días del año.

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