El diputado Casero vuelve a tropezar en la misma tecla | España



Entre el 3 de febrero último y el pasado jueves, el diputado del PP Alberto Casero había apretado un millar de veces las teclas de votación en el Congreso y no se había equivocado ni una sola. A algunos les parecerá poca cosa, pero no pueden decir lo mismo ni la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ni los portavoces del PSOE, Patxi López, y del propio PP, Cuca Gamarra, ni la vicepresidenta Yolanda Díaz y varios ministros, ni tampoco los líderes de Vox, Santiago Abascal, y Ciudadanos, Inés Arrimadas, entre otros muchísimos. Todos ellos forman parte de la legión de 210 parlamentarios que han cometido algún error al votar en los siete meses y medio transcurridos desde que Casero se lanzó involuntariamente a la fama tras facilitar con un desliz suyo que el Gobierno aprobase por la mínima la reforma laboral.

Desde ese día, las cosas no le han podido ir peor al diputado. A las burlas de las redes sociales le siguió la caída de su gran valedor, el hasta hace unos meses secretario general del PP, Teodoro García Egea, que dejó a Casero sin su cargo de responsable de organización del partido. Y ahora lo ronda la amenaza del banquillo: el Tribunal Supremo ha pedido juzgarlo por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en la adjudicación de contratos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).

Pero en el Congreso no había vuelto a dar la nota disonante. Casero logró salir incólume de terribles jornadas en las que se votan hasta 300 resoluciones, esos días en que el hemiciclo se enfrenta a un laberinto inextricable de enmiendas o de mociones cuyos textos se trocean para someter casi cada coma al refrendo de la Cámara. Jornadas en las que, en medio de la desorientación general, es posible que un diputado deje de apoyar una enmienda que lleva su nombre en el enunciado, como le ha ocurrido en estos meses a Íñigo Errejón, de Más País, o a Míriam Nogueras, de Junts. En el fragor de esas votaciones interminables se perdieron el propio García Egea, que desenfocó el tiro en 11 ocasiones desde febrero, las mismas que otro diputado popular, Juan José Matarí, quien colecciona ya 56 pifias en menos de tres años de legislatura. Casero, no. El hombre al que le habían llovido las chanzas por su impremeditado favor al Gobierno con la reforma laboral parecía haberse vuelto infalible. Hasta el pasado jueves.

El Congreso ha recuperado temporalmente el voto telemático mientras se hacen reparaciones en el sistema electrónico dispuesto en el salón de plenos. La del jueves era otra vez la votación electrónica a distancia, la misma en la que se inmoló el diputado extremeño aquella tarde de febrero. Casero, según explicó a su grupo, se confió al enfrentarse a una serie de enmiendas que el PP apoyaba. Le fue dando al botón del sí y no se detuvo cuando llegó al siguiente punto del orden del día: la creación de una comisión para investigar los audios que arrojan nuevas sospechas de corrupción sobre el entorno de Mariano Rajoy. Casero lo había vuelto a hacer: votar contra su partido. Las gracias apenas tardaron unos minutos en chisporrotear de nuevo en las redes sociales. Esta vez Casero ya no se escudó, como hace siete meses, en un fantasmagórico error informático, alegado también por su partido para llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Ahora Casero ya solo podía entonar el mea culpa.

Solo seis errores

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Desde el comienzo de la legislatura, Casero solo se ha equivocado en seis ocasiones, cuando un compañero suyo, Celso Delgado, contabiliza ya 70 y hay una decena de parlamentarios que superan las 40. Los momentos en que han coincidido sus fallos, en votaciones aparentemente sencillas, le han convertido en el paradigma del diputado torpe, aunque las cifras no avalen tal cosa. Desde lo de la reforma laboral, se le mira con lupa y su desliz del pasado jueves tuvo una repercusión que no alcanzaron otros.

Lo de votar contra tu propio partido o contra las posiciones que defiende es mucho más habitual de lo que parece. Algunos ejemplos, solo desde febrero: Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, respaldó parte de una moción de ERC que pedía, entre otras cosas, poner fin a los procesos judiciales contra independentistas; del otro lado, Montse Bassa, de Esquerra, aprobó un texto del PP contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que le reprochaba haber retirado a la Policía de Cataluña para no actuar contra “el separatismo”; Enrique Santiago, secretario general del PCE, votó a favor de enviar más armas a Ucrania, y Patxi López, en contra de incrementar el presupuesto de Defensa; la socialista Beatriz Carrillo apoyó otra resolución que criticaba el giro del Gobierno a la política sobre el Sáhara Occidental y su compañero Francisco Aranda emitió el único no a la ley de libertad sexual… Y la lista podría continuar.

Tras el episodio de la reforma laboral, este periódico analizó 2.917 votaciones en el Congreso en esta legislatura y detectó 1.789 errores, 0,6 de promedio por cada una. La proporción se mantiene casi inalterable desde entonces. En los últimos siete meses, se han revisado otras 1.016 votaciones y las pifias suman 634. Y eso que todavía no ha llegado el debate de Presupuestos, en el que los cientos de enmiendas descolocan con frecuencia a los parlamentarios.

El PP es, con diferencia, el partido que más patina. EL PAÍS le ha detectado 791 deslices, más del triple de los 229 del PSOE. Pero la fama le ha caído encima como una cruz a Casero, parte ya del folclore nacional de las redes sociales.

Criticar en la oposición lo que haces en el Gobierno

Adriana Lastra destilaba indignación en febrero de 2019. La entonces portavoz parlamentaria de los socialistas, primera fuerza de la oposición, anunció un recurso al Tribunal Constitucional por lo que consideraba un “abuso fraudulento” por parte de la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, para congelar iniciativas legislativas admitidas a trámite en el pleno. El truco consistía en aprovechar las funciones que tiene asignadas el órgano de gobierno de la Cámara para ampliar indefinidamente el plazo de presentación de enmiendas a un texto determinado y de ese modo paralizar en la práctica su tramitación. Lastra denunciaba que 50 iniciativas legislativas estaban en un cajón.
Han pasado tres años y medio, el PSOE está en el Gobierno y el PP en la oposición, y ahora son los socialistas —con el apoyo de Unidas Podemos en la Mesa— quienes han abrazado la misma práctica y los populares quienes ponen el grito en el cielo. El PP ya ha presentado varios escritos de protesta ante la Mesa y amenaza con acudir al Constitucional, que no se ha pronunciado desde que el PSOE llevó allí el asunto en 2019.
Los populares vinculan esta práctica con otra que reprochan —como varios otros grupos— al Gobierno: el uso continuado de decretos leyes, hasta casi 130 esta legislatura. El PP arguye que el Ejecutivo está “usurpando” las funciones del Parlamento. El Gobierno legisla mediante decretos leyes, que obtienen el refrendo del Congreso, a menudo con la promesa de tramitarlos como proyectos de ley, lo que abre la puerta a que los grupos introduzacan modificacines. Luego, se amplía una vez tras otra el plazo de enmiendas y los textos se empantanan. Los populares han contabilizado al menos 21 proyectos en esta situación. 

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