echar funcionarios y expulsar inmigrantes que delincan



«Serán propuestas disruptivas que nos generarán muchos enemigos. Diremos las cosas que nadie dice». Éstas fueron las palabras de Begoña Villacís en su última entrevista con este diario para prologar el proyecto que ella dirige: la refundación del partido. Preguntada al respecto, dijo no poder «adelantar nada».

EL ESPAÑOL ha accedido a uno de los documentos que un grupo de expertos colaboradores del partido ha enviado a Madrid para que sea tenido en cuenta en el proceso. En este caso, se trata de un memorándum rubricado en la Comunidad Valenciana, uno de los mayores viveros de votos de Ciudadanos en el pasado.

El catálogo de ideas va desde la posibilidad de «despedir a funcionarios» hasta la «duplicación de la Policía en la calle», pasando por aumentar las horas de Matemáticas en los colegios. También se incide en la reducción del número de asesores a cargo de los políticos.

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Los de Arrimadas han tomado nota del modelo Macron, una suerte de plataforma que nutre su programa electoral de las «propuestas de la calle». El funcionamiento adaptado por los naranjas es el siguiente: un grupo de expertos radicado en Madrid elabora distintos documentos en conversación con otras formaciones liberales europeas. Al mismo tiempo, recogen las propuestas de la militancia. Finalmente, se presenta un paper final.

No obstante, a tenor de lo contrastado por este periódico, la dirección nacional dosificará la revelación de estas propuestas «disruptivas» para intentar garantizarse un espacio cada semana en los medios de comunicación y el debate público.

La «limitación de la burbuja política», la «limitación del cuerpo de funcionarios» o la «reducción de impuestos generalizada» son algunos de los vértices más importantes del programa al que ha accedido este periódico. Pero lo serán también, según fuentes autorizadas, del proyecto final.

«Hay entre 90.000 y 95.000 personas que viven de la política en España. Queremos reducir este número hasta un tercio, pasando a no disponer de más de 30.000», dice el documento.

El camino para conseguirlo, a tenor de la propuesta, pasa por «limitar por ley el tamaño de los parlamentos autonómicos, que podrán acoger un máximo de 35 diputados cada uno». Además, aunque no especifican cuánto, apuestan por bajar el sueldo de los políticos municipales, autonómicos y nacionales.

En este mismo capítulo, se dice: «Se eliminará la posibilidad de que una estructura política pueda nombrar a la dirección de las empresas públicas, la dirección de las televisiones y la del Instituto Nacional de Estadística».

Además, en ese amplio catálogo llamado «deshacer la burbuja política», se exhibe la intención de prohibir que los medios obtengan «dinero de la Administración» a través de campañas de publicidad institucional, algo que sucede con frecuencia desde hace décadas.

En cuanto al funcionariado, aparte de la posibilidad del despido, se incluye la «reasignación de puestos» y un «sistema de revisión de la productividad». El empleo público –recogen estos papeles– nunca podrá ser más del 15% del total.

A grandes rasgos, estas propuestas van en línea con la liposucción del sector público que ha pretendido siempre Ciudadanos. Sin embargo, es como si hubieran sido llevadas hasta el final. Sin paliativos.

En materia de impuestos, se habla de eliminar por completo el de sucesiones, de rebajar en 10.000 millones al año los gravámenes sociales a la contratación, de deflactar las tasas proporcionalmente a la inflación o de fomentar las desgravaciones fiscales al emprendimiento.

Educación y seguridad

También se recogen medidas de apoyo a la natalidad: «Deducción fiscal de 2.500 euros por hijo y extensión de la cobertura de familia numerosa general a dos hijos; especial, a partir de cuatro».

Para la conciliación, se mencionan las «guarderías gratuitas para niños de uno a tres años» y la «extensión de la baja por maternidad a doce meses entre padre y madre, con obligación de tres meses mínimo para cada cónyuge».

Los proponentes quieren que en los colegios aumenten las horas de matemáticas y que se practiquen treinta minutos de deporte al día en primaria; además de un añadido de dos horas más a la semana en las actuales. En un ámbito más global, se pide «recuperar para el Estado la competencia de Educación». Ciudadanos nunca había ido tan lejos.

Por último, y en materia de orden público, se incluyen algunas propuestas que, de adoptarlas Arrimadas, supondrían un choque con el programa electoral que se ha venido presentando hasta ahora. El documento consultado por este diario dice así: «Expulsar de manera inmediata a los extranjeros que alteren el orden público (…). Duplicar la presencia policial en la vía pública (…). Duplicar la dotación del Ejército y el número de unidades».

Arrimadas ha anunciado que la asamblea extraordinaria donde pretende dar a conocer su proyecto de refundación se producirá entre finales de 2022 y principios de 2023. A más tardar, según las fuentes consultadas, en enero del año que viene. Mientras, de manera paralela, los críticos de la formación recogen firmas para forzar que ese proceso llegue antes.



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