David Ballester, historiador: “Las víctimas de la policía durante la Transición han sido olvidadas” | Cataluña



El historiador David Ballester (Barcelona, 1960) guarda en su casa botes de humo, balas de goma y proyectiles como “souvenir” de cuando era “un estudiante que corría delante de los grises por el Eixample”. Desde que la vivió en primera persona, la violencia policial le ha obsesionado y le ha cautivado como investigador, porque es un campo “huérfano de trabajos rigurosos”. O lo era. Ballester, doctor en Historia Contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha pretendido remediar ese vacío con Las otras víctimas. Violencia policial durante la Transición (1975-1982), un trabajo titánico que, por primera vez, pone nombre, apellidos e historia a un total de 134 muertos olvidados. No ha sido fácil por la limitación de acceso a los archivos (atestados policiales, expedientes penitenciarios), pero queda una obra que, según dijo el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, es “valiosísima para esclarecer y buscar fórmulas de resarcimiento” a las víctimas, tal como prevé la Ley de Memoria Democrática recientemente aprobada en el Congreso.

Pregunta. Con todo lo que se ha publicado sobre la Transición, ¿no le sorprende que un asunto como el de la violencia institucional haya caído casi en el olvido?

Respuesta. No, porque aún hay una opinión mayoritaria en el sentido de que la Transición fue un periodo ejemplar y, por tanto, pacífico. Era necesario hacer una lista rigurosa de las víctimas de violencia policial. Y fijar una metodología que pueda utilizarse en el futuro.

P. Pero esa visión de la Transición modelo, ¿no ha sido ya cuestionada?

R. Hay un sector político y social que discute esa versión edulcorada, pero no es hegemónico. Y las cifras son explícitas: la violencia policial fue un componente esencial de la Transición. El Estado no depuró a los policías de la dictadura y mantuvo sus métodos, lo que dejó en esos años 134 muertos, o sea uno cada 19 días. Esas víctimas han sido las más olvidadas.

P. ¿Quiénes eran?

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R. La mayoría eran ciudadanos anónimos, víctimas de una brutalidad que era la norma de actuación. Pasaron sin pena ni gloria y quedaron olvidados en un rincón oscuro de la historia. Había que rescatarlas, ponerles nombre y apellidos.

P. En el libro afirma, tal vez de forma contraintuitiva, que, durante esos años de efervescencia política, curiosamente la mayoría de víctimas no lo fueron por motivos políticos, sino que eran personas que pasaban por allí, víctimas colaterales…

R. Sí. La mayoría eran víctimas de lo que llamo el gatillo fácil civil: ciudadanos que morían en controles de carretera o cuando se les intentaba identificar o detener. Una parte importante moría a manos de policías fuera de servicio, que usaban su arma con total impunidad: en discotecas o bares a altas horas de la noche o en discusiones entre vecinos. Era una violencia arbitraria. Incluso, en los 38 muertos en la represión de manifestaciones, una cuarta parte era solo gente que pasaba por allí.

P. Habla de la impunidad como un ingrediente esencial de la violencia.

R. Había una cobertura, un paraguas protector del Estado. Si los agentes se extralimitaban en su trabajo, las condenas eran inexistentes o mínimas, y se financiaba a sus familias con fondos reservados de forma vergonzante.

P. ¿Hasta dónde llega esa herencia de la dictadura?

R. La sombra es alargada. Muchos defectos que aún tiene la policía proceden de la mala gestión en el tránsito a la democracia. Incluso las policías autonómicas, como Mossos o Ertzaintza, han heredado tics que se criticaban de los cuerpos estatales, como el corporativismo o el cierre de filas. La policía sigue sin ser un reflejo de la ciudadanía.

P. Hay quien sostiene que son víctimas de terrorismo de Estado. ¿Cuál es su posición?

R. Ciertos colectivos memorialísticos así lo creen, pero yo pienso que ese concepto se ha de reservar para otras actuaciones, como los GAL. En la Transición hubo una violencia institucional que a los gobernantes les preocupó más bien poco limitar. De ahí a decir que había un plan orquestado para aplicar la violencia, media un abismo. No he encontrado ningún documento que apunte en esa dirección.

P. En el libro cuenta casos que ponen la piel de gallina, pero son hechos que empiezan a declinar en 1982. Las escenas descritas, sin embargo, no son muy distintas a las que vemos aún hoy en Estados Unidos. ¿Qué piensa?

R. Que son prácticas policiales muy distintas. En España, a partir de 1982, con la llegada de los socialistas, se implantaron medidas para limitar el uso de armas, lo que provocó una caída sostenida de las víctimas. En Estados Unidos, los policías usan las armas en contextos que en Europa serían impensables.

P. El secretario de Estado citó su libro como guía para aplicar en todos sus términos la Ley de Memoria Democrática aprobada en el Congreso. ¿Qué le parece la ley?

R. Coincido con él en que había que aprobarla ya porque el fascismo está llegando a las instituciones. Pero tiene sus fallos y habrá que ver cómo se aplica. Lo que debería avergonzarnos es discutir estos temas en 2022…

P. La ley, que aún ha de pasar por el Senado, alcanza hasta 1978, aunque incluye una disposición adicional para que se estudien “posibles vulneraciones de derechos” hasta 1983. Y contempla la creación de una comisión técnica que indague “posibles vías de reconocimiento y reparación” a las víctimas.

R. Rescatar a esas víctimas, que son las que cuento en el libro, debería ser una cuestión de Estado. Es evidente que debe haber una política de reparación, aunque lo que menos preocupa a los familiares es el tema económico.

P. Para su investigación ha hablado con los familiares de los fallecidos, ¿qué le transmiten?

R. Que el dinero es lo de menos y que es un tema de dignidad. Quieren ser equiparados a las víctimas de terrorismo, aunque no tengan esa consideración. Y es justo, porque si las compensaciones son distintas, estaríamos ante víctimas de primera y de segunda. La respuesta indemnizatoria del Estado debería ser la misma.

P. En algunos casos, los de perfil más activista, la memoria se ha mantenido viva. Pero la mayoría de víctimas, como usted dice, cayó en el olvido. ¿Las familias callaron por miedo, por falta de recursos, porque sabían que no llevaría a ningún sitio?

R. En el contexto de la Transición, tener un muerto a manos de la policía era un plato de muy mala digestión. En algunos casos hubo incluso problemas para recuperar el cadáver o para celebrar el entierro. La policía daba miedo. Y las familias quedaron desamparadas, sin apoyos. Nadie se acercó a ellas para preguntarles “¿qué os han hecho?”

P. Su obra es también una base de datos, con fichas detalladas de cada una de las 134 víctimas…

R. Creo que puede servir para llegar a esas personas con la voluntad de localizarlas y hacerles ver que fueron víctimas injustas de un exceso policial y que tienen derechos. No hay que esperar a que el ciudadano reclame, el Estado ha de ir a buscar a las víctimas.

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