Cuando la formación no basta: ¿por qué se ha roto el ascensor social en España? | Negocios


“Ninguna exclusión es mayor que la exclusión del conocimiento. Nada nos esclaviza más”. Es una afirmación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Sin embargo, en el origen social familiar es como una ley que se perpetúa por los siglos de los siglos. Y la desigualdad educativa es otra losa que parece casi imposible de salvar. En función del estatus social de la familia en que nazcan los niños, según el barrio en el que se críen, así será su futuro salvo en algunas excepciones [el 12,2% de los españoles logra saltar del escalón más bajo de la pirámide de rentas al más alto]. “Es durísimo. ¿Cómo es posible que el origen determine tanto las oportunidades vitales y educativas de las personas?”, se pregunta María Fernández Mellizo-Soto, profesora de Sociología de la Universidad Complutense, a la vista de la investigación que ha publicado recientemente, que subraya que la expansión de la educación experimentada por los nacidos en buena parte del siglo XX (hasta los años ochenta) no ha conducido a la disminución de la desigualdad educativa por clase social: “El nivel educativo medio de la población aumentó; sin embargo, las desigualdades por origen social se mantuvieron”.

“Siempre ponemos muchas esperanzas en la educación porque desde la primera parte del siglo XX hasta hoy el avance ha sido brutal [actualmente, el 78,8% de los jóvenes entre 20 y 24 años ha completado la enseñanza secundaria, frente al 84,6% de la media europea]. Hay mucha diferencia entre las personas nacidas a principios de la centuria y las que lo hicieron a partir de los años sesenta, que superaron con mucho los niveles formativos de sus padres y accedieron a trabajos en el sector servicios y profesionales. Y esto da la sensación de movilidad. Pero el progreso social solo se produce cuando hay una expansión educativa y desde los años ochenta no ha sido así. La igualdad de oportunidades educativas se mantiene estable”, explica la profesora.

Aunque no hay datos todavía que indiquen lo que puede estar ocurriendo en el presente, tras la pandemia, lo cierto es que su impresión es la misma que la del resto de los expertos consultados: el ascensor social de la educación se ha parado, averiado o roto. Igual que el resto de sus palancas. Incluso el Gobierno lo admitía en su informe España 2050: “En el pasado, España logró poner en marcha un potente ascensor social que permitió que muchas personas progresasen y lograsen una posición mejor que la que habían tenido sus padres. A partir de mediados de los noventa, sin embargo, este ascensor fue oxidándose y funcionando cada vez peor (…) Hoy, nuestro país presenta una movilidad intergeneracional baja y mal distribuida, que afecta sobre todo a las comunidades autónomas menos ricas y a los jóvenes que provienen de los hogares más pobres”.

Con la tercera tasa de desigualdad más alta de la Unión Europea, un 37% en 2019, solo por detrás de Rumania y Bulgaria, el grupo de rentas medias se redujo considerablemente entre 1973 y 2019, según pone de manifiesto el informe Radiografía de medio siglo de desigualdad en España, de la Fundación La Caixa. “La clase media-baja, que es el pegamento social, ha pasado de representar más del 35% de la población española a poco más del 33%, mientras que la clase baja ha aumentado casi dos puntos y la media-alta no ha llegado a perder un punto”, explica Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá y autora del estudio.

Vaya por delante que la educación siempre será un ascensor, una herramienta para corregir las desigualdades de partida, coinciden los analistas, otra cosa es cómo evolucione en términos comparativos. “Actualmente, estamos viendo indicadores de deterioro del ascenso social. En la encuesta de condiciones de vida del INE de 2019 se aprecia que crece el nivel educativo de hijos con padres de bajos estudios, pero eso no se plasma en sus ingresos”, mantiene Cantó. “Al contrario, se observa un aumento de la persistencia de los grupos sociales inferiores y tiene que ver con las cualidades segregadoras de la escuela española. Hemos de tener una escuela de calidad, pues la segregación por niveles socioeconómicos es el caldo de cultivo de la pérdida de contacto con personas de distintas clases sociales y, por tanto, de la perpetuación de la clase baja”, advierte.

Riesgo de pobreza

La transmisión intergeneracional de la desventaja educativa persiste, argumentaba el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil en otro estudio de finales de 2020, en el que aportaba cifras muy elocuentes: cerca de la mitad (el 45%) de las personas que han crecido en un entorno de nivel educativo bajo no supera ese nivel en toda su vida. En cambio, entre quienes se desarrollaron en un hogar con estudios altos, solo el 7% tiene niveles formativos bajos. Y ello condiciona notablemente el riesgo de pobreza, que se acerca al 52% en las familias con menos educación, en contraste con el 12% de las de mayor cualificación.

“Esos datos responden a la crisis económica, que supuso una quiebra del capitalismo y tuvo consecuencias muy negativas: quebró el ascensor social como impulsor de oportunidades. Son antiguos porque la encuesta de población activa solo permite medirlos cada cuatro años. Hasta 2024 no tendremos el próximo informe”, explica el alto comisionado, Ernesto Gasco. “Desde entonces, el Gobierno ha hecho muchas cosas. Ha priorizado en la educación, comprometiendo 7.000 millones de euros más en el presupuesto para la década; ha impulsado la formación profesional (FP), ha aprobado una nueva Ley de Educación que busca evitar la segregación, ha apostado por la digitalización y ha aumentado la dotación para becas, además de ser el primer país que presenta la Garantía Infantil Europea, que prevé 1.000 millones de euros de los fondos europeos. En los próximos años, todo esto se va a notar en el ascensor social”, prosigue.

Alumnos de una escuela del barrio de El Carmel, de Barcelona, el pasado día 5 de septiembre, en el arranque del curso.
Alumnos de una escuela del barrio de El Carmel, de Barcelona, el pasado día 5 de septiembre, en el arranque del curso.Enric Fontcuberta (EFE)

El Ejecutivo ha desplegado medidas y ayudas, sí. “Pero su impacto no se conoce todavía. Es probable que hayan paliado la desigualdad. Aunque la doble crisis, la financiera y la de la covid, por las que en el futuro se conocerá a las generaciones nacidas a partir de los años noventa, dejarán el ascensor social de la educación más roto de lo que estaba”, sostiene Javier Soria, investigador en la Paris School of Economics y autor de El ascensor social en España, difundido por EsadeEcPol.

Tres factores

Las oportunidades de las personas dependen de, al menos, tres factores: las condiciones de su familia de origen [de su formación sus contactos…], la situación del mercado laboral y las características del territorio donde se criaron, describe En las raíces de la desigualdad: movilidad social intergeneracional y territorio, publicado por la Fundación La Caixa el pasado julio. Y como en España la expansión educativa fue más rápida que la transformación productiva del país, ello ha provocado que cada vez más titulados universitarios estén ocupando puestos de trabajo de bajas competencias. “Esta tendencia se ha amplificado con las crisis de 2008-2014 y de la covid-19, que reforzaron la importancia del origen familiar en los sectores más vulnerables de la sociedad”.

Mientras, los problemas de la educación siguen sobre la mesa. Y se concentran en las primeras etapas de la enseñanza, que lógicamente condicionan las siguientes. El fracaso escolar, el abandono de los estudios y la elevada segregación en las escuelas distinguen en negativo a España tanto respecto al resto de Europa como a los países de la OCDE. “El 29% de los estudiantes menores de 15 años ha repetido curso al menos una vez. Este porcentaje triplica prácticamente la media del 11% de la Unión Europea. Y, a igualdad de competencias, es cuatro veces más probable que repitan en España los hijos de familias de bajos recursos que los de las otras”, analiza Soria. Además, está demostrado que repetir curso no mejora los resultados educativos en absoluto y, sin embargo, resulta mucho más costoso para el Estado.

Repetir curso es de pobres. De hecho, la diferencia entre los resultados académicos de un alumno de nivel socioeconómico bajo y otro de nivel alto es del 58%, lo que equivale a dos cursos de escolarización, indica otro análisis de EsadeEcPol publicado esta semana. Como resultado de este retraso, son multitud de chicos los que abandonan los estudios, sobre todo, de nuevo, aquellos que provienen de los hogares con menos recursos.

España también es uno de los países desarrollados donde la marcha temprana del colegio afecta a mayor número de chavales. Aunque Ernesto Gasco destaca que entre 2018 y 2021 la tasa de abandono escolar ha descendido del 17,9% al 13,3% y ha bajado más, en concreto seis puntos, entre los alumnos de nivel económico bajo; este porcentaje sitúa al país a la cola de Europa, solo por delante de Rumania. La media europea está en el 9,7%, según Eurostat.

“La escuela no es el ascensor general que se establece en la Ley de Educación. Estamos en uno de los países del mundo donde más se repite curso, lo dice la OCDE, y esto lleva al abandono escolar prematuro porque los chicos creen que no sirven”, sostiene Carmen Heredero, miembro del Consejo Escolar de Estado y de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO). “Para corregir el abandono escolar habría que dotar de recursos a los centros educativos, sobre todo a los que concentran a la población más vulnerable. Los años de reducción del gasto educativo han sido terribles; han aumentado el gasto de las familias, pero no todas se lo pueden permitir”, agrega.

Los recortes en el presupuesto de Educación comenzaron en 2010 con la crisis financiera y alcanzaron su momento álgido en 2014 (con 44.789 millones de euros frente a los 53.895 de 2009). Hasta hace dos años no se superaron esos niveles previos. Los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional indican que en 2021 la inversión pública fue de 59.216 millones y en 2022 están presupuestados 61.912 millones. Una cuantía que Hernando sigue considerando insuficiente. “Ahora el gasto público ha llegado al 5% del PIB, recuperando los niveles anteriores a la crisis financiera, pero necesitaríamos mucho más. Al menos alcanzar el 7%”.

Se puede tener un sistema más justo, que fomente las oportunidades con becas y refuerzos en el estudio, o un sistema que no compense las desventajas, aprecia María Fernández. “Y España tiene un modelo caracterizado por un sector privado más amplio que el resto de los países del mundo desarrollado [representa el 32,7% de los centros de enseñanza no universitarios], con unos colegios concertados que lo han pervertido mucho. Porque en estos centros el nivel socioeconómico de los niños es muy superior al de los públicos, son más caros y esto es una limitación a la igualdad de oportunidades. Hay una segregación perniciosa que discrimina en el acceso a los niños de clases bajas, inmigrantes o con problemas”, razona la docente, “y la Administración hace la vista gorda al permitir que los centros privados cobren a través de las asociaciones de padres”.

Multitud de personas se manifestaron contra la política educativa de la Comunidad de Madrid, el pasado día 10.
Multitud de personas se manifestaron contra la política educativa de la Comunidad de Madrid, el pasado día 10.Carlos Luján (Europa Press)

Sector privado

La profesora de la Universidad Complutense cree que habría que volver al diseño básico, a que los colegios concertados se pareciesen más a los públicos, en lugar de continuar detrayendo fondos de la enseñanza pública hacia la privada.

En Madrid y Cataluña se está disparando la segregación escolar, mantiene Olga Cantó. Aunque es la comunidad autónoma presidida por Isabel Díaz Ayuso a la que todos los expertos miran cuando se habla de esta discriminación. No hay más que ver las becas que ha desplegado para familias que ganan más de 100.000 euros al año. Un estudio de Save the Children de 2021 señala que la segregación socioeconómica en educación primaria en España es de las más altas de la OCDE, más elevada que en secundaria, solo por detrás de Lituania y Turquía, con la Comunidad de Madrid a la cabeza. Para evitar que esta situación continúe restando oportunidades de progreso a los niños, sus autores proponen que se financie a los colegios en función del alumnado vulnerable que escolaricen, acompañar a los chavales en su aprendizaje y modificar el modelo de asignación de plazas para elevar la diversidad en los centros y hacer más justo el proceso de admisión, aumentando el peso de criterios como la renta o el nivel educativo familiar en los baremos.

El sistema de becas tampoco es un acicate infalible para la movilidad social. “El Gobierno ha hecho grandes esfuerzos ampliando el presupuesto para becas, estableciendo 2.134 millones de euros para el curso 2022-2023, lo que supone un aumento del 45% respecto a 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa”, señala Ernesto Gasco. En los dos años anteriores la dotación fue de unos 2.000 millones y benefició a más de un millón de alumnos, tras siete años en torno a 1.400 millones y entre 800.000 y 900.000 estudiantes apoyados. El problema es que falla la gestión, se pagan tarde y muchas familias no pueden anticipar el dinero, advierte Carmen Heredero. El gasto medio en enseñanza es de 437 euros anuales por hogar, aunque en comunidades como la de Madrid se duplica.

El territorio es otro de los ingredientes que intervienen en la igualdad de oportunidades educativa. “En Barcelona es más fácil progresar que en Cádiz o en Gran Canaria”, mantiene Javier Soria. Porque las grandes ciudades ofrecen más opciones y atraen a gente de otras provincias con habilidades concretas. “Desde el punto de vista de la política pública, esto se debería tener en consideración y, en lugar de entender España como dos polos económicos, habría que poner el acento en Andalucía, Canarias y Extremadura, las comunidades con menor movilidad social, para que los jóvenes que se quedan en ellas tengan oportunidades de ascenso social”, plantea.

La investigación de Soria cuantifica en el 12,2% la movilidad intergeneracional española, en medio de países como Suecia, donde se sitúa en el 15,7%, o Suiza, en el 12,9%, y de Estados Unidos, con el 7,5%, e Italia, con el 9,9%. Cataluña se coloca en los niveles de los países escandinavos, en tanto que Andalucía y Canarias pueden compararse con los territorios sureños de Estados Unidos.

Existen unas diferencias muy notables, de hasta 23.000 euros, entre los ingresos medios alcanzados por los hijos de las familias españolas más ricas y las más pobres. Además de una relación positiva entre abandonar el lugar de origen y los resultados económicos de esos descendientes: para la gran mayoría de las provincias, salvo Madrid y Barcelona, los hijos que se mudan fuera de ellas acaban, en un percentil de renta más alto respecto a los que se quedan, asegura el investigador, de ahí la necesidad de dotar de mayores recursos educativos a las áreas de menor movilidad, que son donde más abandono escolar temprano y tasa de repetición de curso se concentra.

“Si la desigualdad de oportunidades persevera y no se corrige el hecho de que los jóvenes estén viviendo actualmente peor que sus padres, perderemos grandes potenciales para la recuperación económica y esto nos llevará a un voto más radical como consecuencia del malestar y la ira de los ciudadanos”, alerta Soria.

“Las sucesivas crisis han provocado que muchas personas bien formadas no tengan la oportunidad de desempeñar su labor de acuerdo a su capacitación, y esto puede ser causa de desaliento social que debemos afrontar, ya que siendo muy ventajosa, la buena formación, hoy por hoy, no es garantía absoluta de esa incorporación”, expone Ángel Gabilondo por correo electrónico. Para continuar a reglón seguido: “No obstante, sigue siendo adecuado decir que a mayor formación, más posibilidades de encontrar empleo. La educación es el principal instrumento de movilidad social y la mejor ayuda para superar las desigualdades económicas y sociales de partida”.

Desempleo

Los datos del mercado laboral lo corroboran. Aunque el desempleo juvenil español figura entre los más altos de la Unión Europea, solo por detrás de Italia y Grecia, el paro de la población entre 25 y 35 años fue del 32,3% para las personas con titulación de primaria o inferior en 2021, del 26,6% para los que alcanzaron la primera etapa de secundaria, del 18,3% para los que superaron la segunda y del 13% para los universitarios. Una diferencia de casi 20 puntos. Y lo mismo puede decirse de la tasa de empleo. Entre los graduados universitarios en los tres últimos años de 20 a 34 años es del 76,8%, frente a la media europea del 84,9%, y entre los titulados en secundaria es del 62,3% (en la UE, del 73,1%).

Pese a ello, el mercado laboral no es capaz de absorber a los graduados universitarios. Otro de los grandes males de España. Hacen falta contactos, igual que idiomas y másteres, que solo están al alcance de las familias más pudientes, señala Carmen Heredero. En su opinión, “tenemos un exceso de titulaciones universitarias y un defecto grande de titulaciones de FP, para el que, además, nos quedamos cortos de plazas”. La representante de CC OO cree que habría que aumentar el número de plazas disponibles y la categoría que otorga la sociedad a la formación profesional. La ley Celaá pone en marcha el intento, pero conseguirlo cuesta mucho más”.

Aunque la educación hoy en día no garantice el ascenso social, lo cierto es que sigue siendo la mejor herramienta disponible para reducir las desigualdades. Pero mientras el modelo productivo no cambie y genere nuevos empleos, será difícil que los hijos dejen de vivir peor que sus padres.

Hándicaps para la integración laboral

Los niños pobres afrontan dos hándicaps a la hora de progresar en sus estudios. Por un lado, tienen un rendimiento académico inferior al de sus compañeros de otros escalafones sociales por la falta de recursos y de apoyo a la educación de sus familias (también del sistema escolar) y, por otro, en el momento de tomar la decisión de continuar formándose, sus  familias tienen mayor aversión al riesgo que las de clase alta y se conforman con que sus hijos estudien tanto como ellos o poco más. Lo cuenta la profesora de la Universidad Complutense María Fernández. 
La covid no ha hecho más que empeorar la situación por las dificultades de acceso de los hogares menos acomodados a la tecnología. Tanto es así que, según Cruz Roja, los jóvenes entre 16 y 30 años que atiende en sus centros, que se han duplicado con la pandemia, se enfrentan a un círculo de precariedad, explotación laboral y dificultad para formarse que dificulta su inserción laboral  y les sitúa ante el riesgo de pobreza. Más de la mitad de ellos están en paro y uno de cada cuatro tiene un contrato temporal a tiempo parcial. En su mayoría, cuentan con un bajo nivel de formación. El 40% con FP o Bachillerato y el 10% son universitarios. 

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