Barcelona triplicará el presupuesto y el equipo de la unidad antidesahucios | Cataluña


Protesta para frenar un desahucio este lunes en el Raval.
Protesta para frenar un desahucio este lunes en el Raval.Albert Garcia Gallego

El servicio del Ayuntamiento de Barcelona que intenta evitar los desahucios de los que tiene conocimiento en la ciudad, crece. La Unidad Antidesahucios fue creada en 2015, cuando la alcaldesa Ada Colau llegó al poder procedente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Nació como una prueba piloto en dos barrios y desde 2016 actúa en toda la ciudad con un contrato que se saca a concurso. La concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha explicado este lunes que la unidad triplicará tanto su presupuesto (de 700.000 euros anuales a 2,5 millones de euros) como el equipo actual: de 16 a 43 profesionales, entre los que se encuentran equipos de calle, juristas y administrativos.

Desde que se creó, la Unidad Antidesahucios ha atendido a más de 13.000 familias en riesgo de perder su vivienda, ha explicado el consistorio. El abanico de atenciones es amplio: desde facilitar ayudas por algunos meses para pagar el alquiler y evitar una deuda con el propietario (a lo que se han dedicado ocho millones de euros en 2021); hasta mediar cuando los impagos ya están judicializados y la familia tiene fecha de ejecución del desahucio. Los casos atendidos se mantienen estables desde 2017 sobre los 2.300 al año (la cifra cayó en 2020 por la pandemia). Y la media anual de órdenes de desahucio en las que el Consistorio ha mediado es de 2.670 (una familia puede haber tenido varias fechas). De éstas, se ha frenado la ejecución en el 90% de los casos. En la mitad de los casos los propietarios eran grandes tenedores, y en la restante, particulares.

Donde no ha intervenido esta unidad es en los casos de desahucio de los que no tienen conocimiento. La ampliación del presupuesto y el equipo persigue precisamente tener conocimiento de más situaciones de riesgo de pérdida de vivienda. “La Unidad demuestra el valor que tiene la mediación entre la propiedad de las viviendas y las personas amenazadas de desahucio”, ha señalado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez, que ha destacado que el servicio de Barcelona es pionero.

Las familias que sí han sufrido un desahucio y aguardan en la lista de espera un piso donde ir a vivir, de la llamada Mesa de Emergencia, son 680 en la actualidad. Mientras, viven en pensiones o habitaciones proporcionadas por el Ayuntamiento. Esta misma mañana se ha producido un desahucio en el barrio del Poblesec: los afectados son una familia a quien durante la pandemia le cayeron los ingresos. Y en el Raval, la concentración de vecinos ha frenado la ejecución de otro lanzamiento.

La edil de Vivienda ha apuntado que en los 9 de cada 10 desahucios que se evitan, el trabajo de la Unidad consiste en realizar actuaciones diversas: desde solicitar la suspensión al juzgado a activar ayudas para el pago del alquiler, asumir el pago de una deuda acumulada o tramitar informes de vulnerabilidad para las familias, lo que frena los lanzamientos si se trata de grandes propietarios. “La mediación es clave, como también que los casos lleguen antes para tener más tiempo”, ha manifestado.

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El refuerzo de personal permitirá tener 30 técnicos que hacen trabajo de campo o prospección para localizar casos (20 en la calle y 10 en oficinas), un equipo jurídico de cinco personas, cuatro administrativos, una técnica especialista en gestión de datos y tres personas de coordinación y dirección. Por ahora no está previsto internalizar el servicio, ha admitido la teniente de alcalde de Derechos Sociales, que ha precisado que estará en funcionamiento después del verano.

Martín ha manifestado que “la emergencia habitacional no se puede resolver solo desde las administraciones públicas y ha pedido medidas para corresponsabilizar a los propietarios para hacer alquileres sociales”, en línea con la Ley que está en trámite en el Parlament. La concejal también ha cargado contra la Generalitat: “Necesitamos que reaccionen y se impliquen en la gestión de la emergencia habitacional en la ciudad, donde la participación es nula”. Y ha criticado la presencia de Mossos para ejecutar desahucios.

La teniente de alcalde ha señalado también que el refuerzo de equipo y presupuesto permitirá evitar la presencia de trabajadores sociales de referencia para las familias en los desahucios. Actualmente, interviene el Centro de Emergencias Sociales cuando se trata de familias con menores de las que el consistorio no tenía conocimiento; intervienen los propios equipos de la Unidad Antidesahucios; y en algunas ocasiones los trabajadores de referencia de las familias, lo que han denunciado en muchas ocasiones.

Pendientes de la moratoria de desahucios del Gobierno

Lucía Martín ha pedido al Gobierno que prorrogue la moratoria de ejecución de desahucios más allá del 28 de febrero, cuando está previsto que termine. «Lo hemos pedido en público y en privado», ha manifestado refiriéndose a la ministra Raquel Sánchez, de quien depende la cartera de vivienda. «No contemplamos la posibilidad de que no se vuelva a ampliar, no contemplamos que se levante la moratoria», ha expresado la concejal y ha recordado que recientemente la ministra «afirmó que estudiaba alargar de nuevo la moratoria».



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